Las amenazas a funcionarios judiciales alcanzaron ayer por la mañana al fiscal federal Carlos Dulau Dumm, instructor de la causa contra el ex comisario Miguel Etchecolatz en La Plata. La misiva llegó a su despacho, como sucedió con otra docena de jueces y fiscales durante la semana pasada, y de acuerdo con lo que pudo saber Página/12, la Justicia ya dio los primeros pasos para requerir testimoniales y filmaciones –si existiesen– en la sucursal del Correo Argentino desde donde se enviaron. En tanto, la Procuración y el Ministerio del Interior de Nación sumaron esfuerzos para organizar una aún muy complicada red de protección a testigos, jueces y fiscales. Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires.

Las cartas de amenazas a jueces y fiscales enviadas desde el último 22 de septiembre se convirtieron en un subcapítulo, con peso y dimensiones propios, de las derivaciones del caso Etchecolatz y la desaparición del testigo Jorge Julio López. En las últimas horas, a la lista original de funcionarios judiciales amenazados se sumó el fiscal Dulau Dumm, secuestrado durante dos horas en 2004, mientras también instruía la causa contra el ex mandadero de Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires.

Esta vez, y como sucedió con la docena de funcionarios amenazados, la carta llegó a su despacho a través de Correo Argentino, pero no fue enviada el 22 de septiembre como al resto, sino el día jueves 28, un indicador de que los envíos continuaron aun cuando el tema había adquirido difusión pública. Según el matasello del sobre, la carta fue emitida –como el resto– desde la sucursal Villa Urquiza del Correo.

Con esos datos, el fiscal impulsó una denuncia ante el juzgado federal de Manuel Blanco y de allí se la remitió al despacho de Arnaldo Corazza, el juez que ya instruye la investigación por las amenazas a Carlos Rozanski, presidente del tribunal que condenó al ex comisario.

Ambas cartas son iguales. “Tiene un tono amenazante e intimidatorio”, explicó ayer Dulau Dumm sobre el texto. Entre los párrafos más críticos, el mensaje lo acusa de “recibir presiones del gobierno nacional para buscar venganza y no justicia” y advierte que “los que no han honrado su cargo deberán rendir cuentas ante un tribunal imparcial”. En el marco de la investigación se remitieron oficios al Correo Argentino en busca de filmaciones, si las hubiese, de la sucursal de Villa Urquiza y para determinar quién hizo los despachos.

Desde la semana pasada, la sucesión de sobres y las características de sus destinatarios volvieron a poner en foco aspectos de la seguridad de quienes llevan adelante los juicios por violación a los derechos humanos de la última dictadura militar en todo el país. Tanto de los funcionarios judiciales como de las víctimas y testigos.

Con expresiones más atomizadas, el último fin de semana testigos de distintas causas sufrieron algún tipo de amenaza o aviso intimidatorio por su participación. En Mar del Plata le sucedió a Emilse Moler y en Formosa a testigos involucrados en el marco del Plan Cóndor en la causa de Fausto Carillo, un abogado paraguayo desaparecido durante la última dictadura militar. Los abogados de la causa denunciaron que recibieron amenazas telefónicas ayer en una conferencia de prensa. Como sucedió en otros puntos del país, los testigos de ese expediente pidieron custodia.

Todos comunicados

¿Qué harán las fiscalías con esos pedidos? ¿Qué hará el Gobierno? Desde el viernes pasado, todas las fiscalías del país que trabajan en las causas de derechos humanos tienen en su poder un memo de la Procuración General de la Nación. El jefe de la Procuración, Esteban Ri- ghi, pidió a todos un listado de fiscales y testigos de todas las causas para remitirlas, a su vez, al Gobierno y coordinar mecanismos de protección. Los listados que –se prevé– recogerán nombres de varios cientos de testigos llegarán a la Procuración el miércoles próximo y luego serán analizados junto con el Ministerio del Interior.

“El Gobierno –dijo una fuente del ministerio a Página/12– busca garantizar la protección de los actores de todo el proceso: fiscales, jueces y testigos.” De acuerdo a esa decisión, el ministerio se dispone a analizar cada pedido caso por caso y diseñar un esquema de protección, especialmente difícil de resolver entre los testigos. Se supone que muchos de ellos no querrán custodia policial ni a miembros de las fuerzas de seguridad detrás de su espaldas. Por ese motivo, el ministerio estudia algún tipo de sustituto como –literalmente– equipos de handy o de telefonía celular interconectados. Después del caso López, el área de Aníbal Fernández decidió que los testigos “no pueden estar no-localizables”.

El Gobierno parece dispuesto a llevar adelante la iniciativa desde este fin de semana. En la provincia, en cambio, la criticaron. Para alguna de las fuentes judiciales consultadas por este diario, la iniciativa parece “efectista más que efectiva”. La cantidad de testigos a proteger y el relevamiento pedido por Nación les parece inabarcable. Al mismo tiempo, dijeron, la búsqueda de los nombres dejará muy expuestas las identidades.

Mientras tanto, la gobernación de Felipe Solá avanzó con más énfasis en el armado del combo de seguridad. El ministro León Arslanian, a cargo de la Secretaría de Seguridad, mantuvo, por primera vez, una reunión de trabajo con su gabinete y autoridades judiciales para evaluar el avance de las distintas líneas de la investigación en relación con la desaparición de Jorge Julio López. En ese marco, continuarán los trabajos conjuntos con la SIDE, Gendarmería y la Policía Federal, dijeron. Y a partir de ayer, además, pusieron en vigencia el Plan de Protección de Testigos Federales. Publicado en el Boletín Oficial, el Programa de Vigilancia y Atención de Testigos en Grado de Exposición quedó en vigencia por el decreto 2475.