La preocupación por la desaparición del testigo Jorge Julio López llegó al Congreso. En la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados será tratado hoy un proyecto que propone ampliar a los querellantes el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que Página/12 describió en su edición de ayer, con el objetivo de preservar su seguridad ante situaciones de peligro. La iniciativa de la diputada Nora Chiacchio, del Peronismo Federal, también podría ser tratada sobre tablas en la sesión de mañana.

La legisladora comentó a Página/12 que el proyecto nació en noviembre de 2003 tras la anulación parlamentaria de las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) porque “esto se veía venir”, en alusión a la ola de amenazas y al clima instalado por la desaparición de López. “Junto a esta nueva etapa, que marca el fin de las leyes de impunidad, reaparecen los fantasmas del pasado, materializándose en actos de violencia y amenazas contra organizaciones de derechos humanos y contra familiares de detenidos desaparecidos que se han presentado como querellantes para solicitar la reapertura de las causas”, escribió la diputada Chiacchio hace tres años, y ahora reiteró en los fundamentos del proyecto que volvió a presentar porque el original había perdido estado parlamentario.

La legisladora tomó nota de una serie de amenazas y actos intimidatorios ocurridos por aquellos días en Santa Fe, contra los querellantes que había solicitado la reapertura de la causa “Feced”, que incluye delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del II Cuerpo de Ejército. A uno de ellos, Eduardo Toniolli, le rompieron los vidrios de su local utilizando una placa de homenaje a los desaparecidos que había sido robada del Bosque de la Memoria. “No es para nada descabellado suponer que nos encontramos ante el principio de una escalada tendiente a entorpecer que la mano de la Justicia caiga irremediablemente sobre los asesinos y torturadores de la dictadura”, vaticinó entonces la diputada. Por lo tanto, consideró que “es absolutamente necesario dar una respuesta y accionar para que la Justicia pueda investigar libremente, para que los familiares de los desaparecidos puedan exigir la búsqueda de la verdad sin que peligre su integridad física y para que todos aquellos que poseen datos esclarecedores puedan aportar su testimonio en las causas sin miedo a las amenazas, sabiendo que gozan de la debida protección bajo el amparo de la ley”.

En definitiva, el proyecto busca que los querellantes queden incluidos en el Plan Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a la protección de quienes hayan colaborado en investigaciones relativas a delitos relacionados con estupefacientes, hechos de terrorismo, secuestros extorsivos y violencia institucional.