“Si el de Berlín cayó, éste por qué no”, dice una pintada sobre el muro de 22 kilómetros levantado hace una década por Estados Unidos sobre la línea divisoria entre San Diego y Tijuana, con sobrantes de la primera invasión a Irak. No sólo sigue en pie, sembrado de cruces que recuerdan a los miles de migrantes muertos en su intento por cruzar a través de zonas cada vez más peligrosas, ahora le añadirán 1200 kilómetros más, poco menos del 40 por ciento de los casi tres mil de frontera que ese país comparte con México. “Hay quien dice en aquel país que ni siquiera se darán los recursos para su construcción”, dijo el miércoles el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, minutos antes de enterarse de que el presidente George W. Bush había firmado la ley de presupuesto para el Departamento de Estado.

Las voces críticas contra la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México –que tendrá una longitud equivalente a la quinta parte de la Muralla China– se multiplicaron y crearon un consenso generalizado de partidos políticos, empresarios intelectuales y organizaciones civiles por lo que consideran una agresión y, al mismo tiempo, provocó la condena unánime de la oposición por el fracaso de la política exterior de Vicente Fox, que inició su administración prometiendo un acuerdo migratorio integral con Estados Unidos (“la enchilada completa”, se le llamó) y está a punto de terminar con una patada en el trasero de su prepotente vecino incómodo.

Para colmo, el presidente electo Felipe Calderón ha ofrecido “continuismo” tanto en la relación con Estados Unidos como en la política social interna, lo cual no augura mayor progreso. En el primer caso, eso significaría que mantendrá una relación de subordinación y sometimiento hacia la Casa Blanca, tal y como acusa la oposición en su conjunto; en el segundo, el populismo asistencialista de este sexenio no alcanzará para frenar ni mucho menos revertir la creciente migración ante los elevados índices de pobreza que postran en la marginación a poco más de la mitad de la población del país. Casi medio millón de mexicanos cruzan ilegalmente a Estados Unidos cada año, para huir de la miseria y la falta de oportunidades. Un claro ejemplo del fracaso en este rubro fue la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda –identificada como integrante de un grupo clandestino de ultraderecha–, cuya arrogancia e intolerancia provocó que anteayer la oposición casi en pleno abandonara el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, durante su comparecencia, y sacó de sus casillas al presidente del Congreso, el oficialista Jorge Zermeño –responsable de la ceremonia protocolar en la que Calderón será ungido presidente el 1° de diciembre–, quien mandó “a la chingada” a los coordinadores de 250 legisladores de cuatro partidos.

Y mientras Estados Unidos destina los primeros mil 200 millones de dólares de un total de hasta ocho mil millones que podría costar el levantamiento del muro fronterizo, así como barreras vehiculares, iluminación, radares de tierra, cámaras infrarrojas y sensores avanzados, el gobierno mexicano envió el martes una “nota diplomática” a Bush, solicitándole vetar la legislación recientemente aprobada en el Congreso.

“No hay barrera ni frontera entre los mexicanos que están dentro y fuera” del país, dijo Fox ante representantes de millones de personas que durante su administración debieron buscarse en Estados Unidos la vida que no pudieron tener aquí.