Casi un año después de que treinta y tres presos del penal de Magdalena murieran asfixiados o carbonizados encerrados como ratas, la Justicia ordenó la detención de 15 penitenciarios acusados de abandono de persona seguido de muerte. El domingo 16 de octubre de 2005, alrededor de las diez de la noche, se desató un incendio en el pabellón 16 de la U28 de Magdalena. La guardia intervino disparando balas de goma y cerrando la puerta con candado después de retirar a una veintena de presos. El resto murió retorciéndose y esperando la ayuda que jamás llegó: los bomberos nunca entraron, la bomba de agua no tenía motor y los extinguidores estaba vacíos o vencidos. Anoche, en silencio, la fiscal Laura D’Gregorio había cumplido con ocho de las 15 detenciones e intentaba completar el resto sin revolver el avispero, teniendo en cuenta la natural capacidad volátil de tales insectos.

La historia oficial sobre la noche del domingo 16 de octubre del año pasado hablaba de “presos amotinados que prendieron fuego a sus colchones con el lamentable resultado”. Esa misma versión debió ser mejorada con el correr de los días y con la realidad corriendo por otra ruta. Los principales testigos fueron la veintena de sobrevivientes del 16 y una buena cantidad de presos del pabellón contiguo, el 15, que fueron quienes ayudaron a rescatar a algunos rompiendo una de las paredes.

No está claro qué fue lo que desató el fuego. Algunos internos hablan de una pelea entre presos y la rápida reacción de la guardia de escopeteros, que intentó calmar los ánimos como lo hace habitualmente, o sea, disparando itakazos del otro lado de la reja. Los del 15 dijeron desconocer cómo se inició el incendio, pero empezaron a percibir el humo que se colaba en su propio pabellón por el techo (el 15 y el 16 están separados por un muro de ladrillos de fibrocemento, bajo un mismo techo).

Entretanto, la guardia sacaba a una veintena de presos del 16 y los mantenía durante unos instantes, esposados, echados en el piso y apuntándoles con las Itakas. Los sobrevivientes acusaron a un guardia de apellido Santamaría, aparentemente encargado del pabellón, al que aseguraron haber visto cerrar la puerta con candado y dejando al resto de los presos retorciéndose dentro.

Cuando el humo hacía irrespirable el ambiente del 15, sus internos, que ya estaban alarmados por los gritos del 16, comenzaron a reclamar que les abrieran. La guardia les abrió la puerta trasera, pero cuando salieron a un pequeño patio desde el muro exterior comenzaron a dispararles.

Según el mismo relato, los del 15 lograron saltar al patio del 16 y a romper el muro externo del pabellón con bancos y matafuegos, que para algo sirvieron. Después, empezaron a internarse en ese infierno, a encontrarse con cuerpos duros, carbonizados y expeliendo humo de sus entrañas y siguieron sacando cuerpos que trasladaban hasta la zona de control, donde los guardias los esposaban porque todavía les quedaba el reflejo de imponer la autoridad a cualquier precio.

El Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria redactó un informe con los testimonios de los sobrevivientes del 16, testimonios que debió recolectar recorriendo penales porque el SPB, de rápidos reflejos cuando se trata de su seguridad, repartió a los testigos por diferentes penales por aquello de que un testigo solo se la banca menos que en grupo. El SPB también inició una investigación que derivó en 41 penitenciarios apartados (lo que no quiere decir despedidos). Después de que el CCT presentara el informe a la fiscal Laura D’Gregorio, el gobernador Felipe Solá cuestionó el documento: “Es un informe apresurado y está lleno de prejuicios”, dijo. El interventor del SPB, Fernando Díaz, fue más allá, lo consideró como “berreta”, dando la pauta de qué profundidad podía alcanzar el sumario interno.