Con el grito de “Goni, asesino, te espera (la cárcel de) Chonchocoro”, cientos de personas se manifestaron ayer en La Paz para que Estados Unidos extradite a Gonzalo Sánchez de Lozada a Bolivia para que sea juzgado por la muerte de 68 personas durante las movilizaciones de octubre de 2003. El grupo, conformado por activistas de derechos humanos de Bolivia, Estados Unidos, Canadá y de países europeos, depositaron cruces blancas frente a la maciza fachada de la embajada estadounidense. Casi al mismo tiempo, pero en El Alto, miles de personas se reunieron con el mismo pedido: que Estados Unidos deje de proteger a Sánchez de Lozada.

La masacre de la Guerra del Gas no sólo fue recordada en Bolivia. Frente a la casa 5509 de Center Street, de Maryland (EE.UU.), un grupo de activistas estadounidenses llevó la protesta adonde se refugia Sánchez de Lozada. Eso contó Gustavo Guzmán, embajador de Bolivia en Washington, quien informó a la radio Erbol que el senador estadounidense Patrick Tracy envió una carta a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, pidiendo que su gobierno extradite a Sánchez de Lozada.

En una entrevista concedida al diario El Deber, Guzmán explicó que el ex mandatario boliviano y sus ministros son considerados perseguidos políticos, cuando en realidad, lo único que se busca es que vuelvan a Bolivia para enfrentar el proceso por la estela de muertos y heridos que dejaron antes de fugar hacia Miami.

Explicó que hace más de un mes Bolivia ha entregado el exhorto suplicatorio ante las autoridades estadounidenses, pero hasta el momento el denominado “carnicero de El Alto” no ha sido notificado.

Sánchez de Lozada pasó su niñez y su juventud en Estados Unidos, tiene la carta de ciudadanía de dicho país y una de sus fortalezas políticas era su marcado acento estadounidense con el que hablaba el español. Ganó las elecciones bolivianas en tres oportunidades (1989, 1993 y 2002); pero sólo pudo ejercer la presidencia entre 1993 y 1997, y entre agosto de 2002 y octubre de 2003. Durante su primer período llevó adelante el proceso de privatización, que entregó los recursos naturales bolivianos al control de empresas transnacionales. El reclamo para recuperarlos desató la llamada Guerra del Gas, que provocó 68 muertes y más de 400 heridos en octubre de 2003. El lunes se sumó una nueva víctima de esa guerra. Raúl Marqa, un joven de El Alto que había recibido un balazo en la clavícula en una de las batallas de octubre, no soportó más la impotencia de no poder trabajar, de ver la pobreza de su familia y se quitó la vida. Es el fallecido número 69 que clama por el regreso de Sánchez de Lozada.

“En octubre, el Estado neoliberal, discriminador y corrupto se cayó. Por eso queremos refundar este país y por eso esta Asamblea Constituyente es originaria”, dijo Mirtha Jiménez, una orureña que participó de las jornadas de octubre haciendo huelgas de hambre y que hoy es presidenta de la bancada masista.

Vladimir Alarcón es alteño y recuerda que sus coterráneos expulsaron con su sangre al ex presidente. Pero también recuerda que su lucha no fue en vano, que ofrendaron sus vidas para que Bolivia nacionalice los hidrocarburos, para que las transnacionales no se lo vendan a Chile, olvidando las reivindicaciones marítimas y para que haya una Asamblea Constituyente que refunde el país.

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada había comenzado a caerse en febrero de 2003. El presidente emenerrista había lanzado un decreto que imponía impuestos al salario y al patrimonio, lo que desató una ola de protestas encabezadas por la policía. El ejército salió a las calles de La Paz a reprimir con francotiradores y tanques que se cobraron más de 20 vidas.

Ya para septiembre, las movilizaciones se habían extendido a todo el territorio boliviano, encabezadas por los indígenas aymaras que cerraron todos los accesos a La Paz. En uno de los bloqueos quedaron varados medio centenar de turistas en Sorata. Para rescatarlos, el gobierno envió un pelotón de militares que asesinó a seis personas en Warisata.

Los muertos fueron llevados a El Alto para que, según Felipe Quispe, líder de la movilización aymara, el duro corazón de los citadinos se ablandara. Consiguió su objetivo. Desde el 9 de octubre, El Alto comenzó su sitio a La Paz, privándola de combustible y alimentos. En sólo tres días, el gobierno ya había asesinado a más de 30 personas de El Alto. Fue ahí cuando Carlos Mesa, vicepresidente de Sánchez de Lozada, le quitó su apoyo y exigió que renuncie. El se sostuvo cuatro días más y sumó 68 muertos antes de huir a Miami en un avión que despegó justo en el momento que Mesa juraba como presidente número 64 del país andino.