Tentativa de homicidio. Esa es la calificación que le pusieron a la causa judicial las fiscales Leyla Aguilar y Cristina Larroca, que contaron con el concurso del ayudante de la fiscalía en San Vicente, Horacio Somariva. Es más, el rumor que corría anoche en la fiscalía de La Plata es que era inminente la firma de una orden de captura contra Emilio Miguel “Madonna” Quiroz, el hombre que disparó con un arma de fuego y que según fuentes oficiales es un chofer del Sindicato de Camioneros, más concretamente, de Pablo Moyano, el hijo de Hugo. Anoche circulaba también la orden –avalada por el gobernador Felipe Solá– de identificar a todos los que participaron de los enfrentamientos, elementos que igualmente serían aportados a la fiscal. El punto más polémico de los hechos de San Vicente fue la decisión tomada una semana atrás, por planteo de la CGT, de que la Policía Bonaerense no debía entrar a la quinta, sino únicamente custodiar los alrededores del predio, dado que la seguridad interna correría por cuenta de los dirigentes gremiales. Al final, a raíz de los enfrentamientos, los efectivos policiales tuvieron que entrar.

El 10 de octubre pasado hubo una reunión para decidir sobre la seguridad de la caravana y el acto. En el encuentro participaron el Ejército –que a través del Regimiento de Granaderos a Caballo está encargado de la custodia presidencial–, la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Bonaerense y el senador Antonio Arcuri, esposo de la intendente de San Vicente, Brígida Malacrida. En esa reunión se convino lo siguiente:

- El Ejército se ocuparía exclusivamente de la custodia del presidente Néstor Kirchner, tanto antes, como durante y después del acto.

- La Policía Federal y la Gendarmería estarían a cargo de la seguridad de la caravana, desde la salida y hasta la llegada a San Vicente.

- La Policía Bonaerense cubriría el último tramo de la caravana, en zona de la provincia de Buenos Aires y los alrededores de la quinta.

- Dentro del predio, la custodia correría por exclusiva cuenta de la CGT, organizadora del acto. Así lo planteó en la reunión el titular del gremio de los taxistas, Omar Viviani. Los dirigentes sindicales dijeron que la presencia de policías iba a provocar incidentes y que como se trataba de un acto privado, del movimiento peronista, tenían el derecho de prescindir de la policía y manejar el evento con su propia seguridad.

La violencia desatada en la quinta derivó a primeras horas de la tarde en un pedido para que intervengan los policías. Hubo algunos cabildeos, ya que los responsables de los uniformados sostenían que la entrada se haría difícil, no sólo por lo irritativa de la situación sino porque –según dijeron– había muchas personas en estado de ebriedad. Finalmente, llegaron al lugar el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, las fiscales y el juez César Melazo. En ese momento se dio la orden de ingresar. La situación evolucionó e involucionó durante horas. De a ratos, los ánimos se calmaban, pocos después reanudaban las corridas. Desde lo judicial, lo más grave fue que Quiroz extrajo el arma y realizó varios disparos. En principio, los expertos sostienen que se trató de una pistola Bersa 380, con un cargador de ocho tiros, que vació en su totalidad. Por el ángulo de disparo, Quiroz apuntó contra las puertas de la quinta donde se agrupaban los sindicalistas que no dejaban entrar a los camioneros.