Las calles de la capital de Oaxaca ya no están pobladas de militares y policías. Ya no hay barricadas, enfrentamientos violentos ni redadas nocturnas. La tranquilidad parece haber llegado a este Patrimonio de la Humanidad después de más de seis meses de convulsión y violencia. Quizás es la calma que precede a la tormenta, bromean algunos integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la organización que logró paralizar al estado y hacer tambalear al gobierno del priísta Ulises Ruiz. Ayer fueron liberados 17 de las cientos de personas que fueron detenidas en estos últimos meses.

A casi tres semanas de su accidentada asunción, el presidente Felipe Calderón estaría consiguiendo desviar la atención del conflicto de Oaxaca, dejando que la situación se descomprima gradualmente. En los últimos días, el gigantesco operativo antidrogas desplegado en el estado de Michoacán y los refuerzos militares en la frontera sur han captado la mayoría de los titulares. Son las primeras medidas en materia de seguridad que implementó Calderón. Mientras todos esperaban que el nuevo mandatario pusiera en lo más alto de su agenda la situación oaxaqueña, el sucesor de Vicente Fox optó por otra estrategia.

Ni Calderón ni sus funcionarios iniciaron un diálogo permanente con los líderes de la APPO después de asumir. Incluso detuvieron algunos de los principales dirigentes. Tampoco presentaron una propuesta para salir de la crisis. Sin embargo, sin grandes anuncios y como si fueran medidas sin importancia fueron recortando la presencia policial y militar, lo que a su vez descomprimió el clima de persecución que vivían los manifestantes. Siguiendo esta misma metodología, ayer liberaron a 17 personas que habían sido detenidas durante los enfrentamientos con la policía o en redadas durante la noche. Todos según las autoridades, eran integrantes de la APPO y fueron acusados de sedición, rebelión y asociación delictiva, cargos que fueron retirados sin muchas explicaciones.