Desde Washington

El presidente norteamericano, George Bush, defendió ayer una reforma de las leyes migratorias que, junto al endurecimiento de las medidas de vigilancia y control fronterizo, permitiría hipotéticamente legalizar su situación a millones de inmigrantes sin papeles. Esta propuesta, que exige un gran sacrificio económico y personal a los ilegales que quieran seguir trabajando en Estados Unidos, tiene todavía una dura batalla que librar en el Congreso antes de convertirse en ley. Sus posibilidades de éxito son, no obstante, mayores que otras propuestas de la Casa Blanca sobre Irak o impuestos, por ejemplo, porque el presidente cuenta en materia migratoria con una posición inicialmente más favorable de parte de los demócratas, que ahora dominan en el Capitolio.

Desde la simbólica ciudad de Yuma, en Arizona, a donde el presidente se acercó a revisar el estado de las obras de un muro de más de mil kilómetros en la frontera con México, que intenta evitar el paso clandestino de cientos de miles de personas cada año, Bush respaldó ayer las ideas presentadas la pasada semana al Congreso con vistas a la redacción de la nueva ley migratoria.

Esas ideas incluyen un complejo y controvertido programa de visados temporales para trabajadores ilegales. Según ese programa, las personas que actualmente están ilegalmente en Estados Unidos –unos 12 millones, según los cálculos más habituales– pueden legalizar su situación solicitando un visado de tres años que cuesta 3500 dólares y puede ser renovado indefinidamente al mismo precio.

“El programa de trabajadores temporales ayuda a separar a los delincuentes, a los traficantes de armas y de drogas de las personas que vienen aquí a trabajar”, dijo Bush en Yuma. Esos visados temporales, denominados “Z”, dan permiso a trabajar en este país, pero no convierten a sus propietarios en residentes de pleno derecho. Para conseguir la residencia, la famosa Tarjeta Verde (Green Card), el inmigrante temporal tiene que solicitarla en la embajada o en consulados norteamericanos de su país de origen y pagar una multa de 10 mil dólares por haber entrado antes ilegalmente en territorio norteamericano.

Los visados “Z” no permiten tampoco que su beneficiario traiga consigo a Estados Unidos a sus familiares ni lo eximen de la exigencia de presentar un inmaculado certificado penal cuando solicite la Green Card. Hay excepciones a estas reglas en algunos casos que se contemplarán individualmente y que están pensados para promover la importación de talentos.

Los principales responsables demócratas en estos asuntos han acusado a la Casa Blanca de promover, con esta propuesta, la creación de una permanente subclase trabajadora y de forzar la ruptura de las familias de inmigrantes. Un sector del Partido Demócrata está actualmente impulsando en el Congreso otra versión de la reforma migratoria que permitiría la regularización de los sin papeles, sin necesidad de regresar a sus países, mediante el pago de una multa de 500 dólares y la presentación de documentos que acrediten que contaban con un puesto de trabajo en Estados Unidos antes del 6 de junio de 2006.

Las organizaciones de inmigrantes tampoco están muy satisfechas con la iniciativa del presidente. Varios miles de trabajadores extranjeros se manifestaron el pasado fin de semana en Los Angeles en protesta por el proyecto de la Casa Blanca, y en demanda de una legalización inmediata y sin restricciones.

La legalización irrestricta que promueven esos grupos tiene, desde luego, cero posibilidad de encontrar apoyo político en Washington. Pero incluso la propuesta de Bush, pese a ir acompañada de medidas para reforzar la presencia policial en la frontera y de la promesa de concluir el muro aprobado por el Senado el año pasado, encuentra muy fuerte resistencia en el Congreso. Una mayoría de republicanos, de entrada, cree que el programa de visados temporales de Bush es una amnistía encubierta y lo rechaza sin paliativos. Entre los demócratas, las opiniones están más divididas; hay voces contrarias al proyecto de Bush por exceso o por defecto, y hay quienes están dispuestos a negociar un compromiso.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.