En la causa por el incendio en Cromañón, donde murieron 194 personas, la jueza María Angélica Crotto sobreseyó a dos ex inspectores del gobierno porteño y a sus dos ex superiores jerárquicos, por entender que en esos casos la acción penal prescribió por el paso del tiempo. La medida, que fue apelada, beneficia a los ex inspectores Jorge Eduardo Gatucci y Enrique Reinaldo López, investigados a partir de diciembre de 2005, un año después de la tragedia, por una habilitación presuntamente irregular de la bailanta El Reventón, que había funcionado años antes en el mismo local de Bartolomé Mitre 3060/3066. La investigación había sido ordenada por la Cámara de Apelaciones, al tomar conocimiento de una “plancheta de habilitación”, suscripta en el año 1997 por los dos inspectores. En el texto figuran datos erróneos respecto de la capacidad del local y se considera “salida alternativa” de emergencia a la puerta que estuvo cerrada con candado la noche del desastre, el 30 de diciembre de 2004. Defensores y querellantes apelaron la decisión de la jueza Crotto argumentando que lo que se juzga es “un acto administrativo cuya vigencia continúa en el tiempo y, por lo tanto, no está prescripta la acción penal”. En aquel entonces, los inspectores revistaban en la órbita del ahora legislador macrista Jorge Enríquez. El jefe de Gobierno era Fernando de la Rúa.

Entre otros, la medida de la magistrada fue cuestionada por los querellantes de las víctimas de la tragedia José Iglesias y Fernando Soto, y por los defensores Eduardo Guarna, que representa al grupo de rock Callejeros, y Pedro D’Attoli, letrado del empresario Omar Chabán, el único detenido que tiene el proceso. Guarna sostuvo que la habilitación firmada por los dos inspectores se hizo “contraviniendo las disposiciones normativas y ‘dibujando’ inexactitudes en el expediente para justificar una superficie de 1447,50 metros, porque existía una prohibición de habilitar locales (clase C) con una superficie mayor a los 1500 metros”. Guarna recordó que el local en cuestión tiene “una superficie cubierta de 1840 metros cuadrados”.

Otro de los aspectos está relacionado con la mención, en el texto de la habilitación, de una “salida alternativa de activación electromecánica” que durante la inspección no fue encontrada, según Guarna, todo lo cual demostraría que “en el expediente administrativo de habilitación no se reflejarían las verdaderas características edilicias del inmueble donde después funcionó República Cromañón”. Iglesias, querellante en la causa, sostuvo que el expediente, al que calificó de “trucho”, había derivado luego “en un pedido de clausura tanto del local como del hotel lindero, pero los dos inspectores lo habían ‘cajoneado’ y por esa razón fue que la Cámara de Apelaciones había ordenado su investigación”. Ahora, la misma Cámara tendrá que determinar si es válida la prescripción.

El sobreseimiento fue dispuesto por “prescripción de la acción penal” en contra de los inspectores Gatucci y López, a quienes se les atribuía el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por haber firmado el 1º de agosto de 1997 esa “plancheta de habilitación”. En el documento se decía que el local había sido aprobado por la división Seguridad Contra Incendios de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro y por la Superintendencia de Bomberos. Se decía que el local tenía “una salida alternativa que se activa solamente en caso de producirse un siniestro”, algo que no ocurrió el día de la tragedia.

La llamada “salida alternativa” era la puerta que estuvo cerrada, con candado, la noche del 30 de diciembre de 2004. Según esa antigua habilitación, “la evacuación del público concurrente”, ante una emergencia, se produciría “por un corredor que sirve en casos normales para la entrada y salida de vehículos”. Además de los dos inspectores, también fueron sobreseídos Roberto Daniel Calderini, ex jefe del área de Habilitaciones, y Margarita Tambussi de Ramari, ex jefa del Departamento Espectáculos y Diversiones de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones del gobierno porteño.