Los gases lacrimógenos volvieron a dominar el centro de la capital salteña. Al igual que el martes pasado, estuvieron dirigidos hacia los docentes. Cerca de ocho mil manifestantes agrupados en Docentes Autoconvocados marcharon hacia la Legislatura provincial para repudiar la represión, los fuertes descuentos que afectaron tanto a los huelguistas como a muchos que no realizaron medidas de fuerza, y las respuestas del gobierno provincial al reclamo de aumento del salario básico. Cuando se entreabrió la puerta de rejas del Palacio Legislativo comenzaron a llover los gases. El grueso de la movilización volvió hacia la plaza principal de la ciudad, un grupo sitió y acampó frente a la Casa de Gobierno salteña y otro se dirigió hacia la terminal de ómnibus. Al cierre de esta edición, el oficialismo local esperaba una orden judicial para desalojar a quienes mantenían cercada la sede gubernamental. El ministro de Gobierno, Víctor Brizuela, responsabilizó de los incidentes a “un grupo de activistas llegados desde Buenos Aires”. En el entorno de la administración provincial incluso se sugirió que pertenecerían a Quebracho. A través de un comunicado, la agrupación desmintió haber participado de ninguna actividad fuera de la que ayer partió desde el Obelisco porteño.

El ministro Brizuela destacó que “las imágenes televisivas muestran entre 25 y 30 personas jóvenes, que obviamente no son docentes, que intentaron entrar a la Legislatura, hecho que fue impedido por la policía”. En su repaso de los hechos, el funcionario señaló que “tres efectivos policiales resultaron heridos como consecuencia de las piedras y cascotes que arrojaron los activistas”. Subrayó también que “no hay ningún docente herido porque no se produjo contacto con la policía, que únicamente dejó esparcir de manera controlada gases lacrimógenos para alejar a los activistas”.

No hubo contacto físico pero sí gases. “Nos dirigimos hacia la Legislatura porque fue el símbolo de la represión del pasado martes”, confió a este diario, Víctor Gamboa, de los Docentes Autoconvocados. El gremialista destacó que “cuando se abrió la reja nadie presionó para entrar”. Lejos de la versión oficial, algunos manifestantes señalaron a este diario que por lo menos una docente fue atendida en el Hospital San Bernardo por el impacto de una granada de gases lacrimógenos.

El paro docente comenzó su séptima semana. En el antiguo edificio del Cabildo, frente a la plaza principal, catorce maestros comenzaron una huelga de hambre. Del grupo original quedan siete. A los restantes, luego de distintas internaciones médicas, se les impidió continuar con la medida. Dispersada la movilización frente a la Legislatura, ayer se instalaron nueve carpas en la plaza central de la capital salteña. De la concentración también se desprendieron unos 500 manifestantes que bloquearon todas las vías de ingreso a la Casa de Gobierno. Al cierre de esta edición, al sitio, que comenzó a primera hora de la mañana, le siguió el emplazamiento de varias carpas. No fueron muchos los funcionarios que se hallaban en la sede de gobierno. La principal incógnita era dónde estaba el gobernador Juan Carlos Romero. “Si Romero está en la provincia o está en Punta del Este, o en Europa, como se dice, es lo mismo. No da ninguna respuesta”, dijo Gamboa en diálogo con Página/12.

El ministro Brizuela destacó que Salta garantizó el salario inicial de 1040 pesos y que propusieron “incrementar el básico a 460 pesos”. Los docentes recuerdan que el aumento es escalonado. A los 460 pesos se llegaría recién en septiembre. Al reclamo del básico se suma ahora la protesta por los descuentos de los días de huelga. Gamboa destacó que en estas semanas el paro contó con un 80 por ciento de adhesión. El 70 por ciento de los huelguistas no cobró su sueldo debido a los descuentos. A muchos de los maestros que no adhirieron a la huelga también se les descontó la totalidad del salario. El gobierno prometió que el 13 de abril, por una planilla complementaria, reparará los errores. La ministra de Educación, Estela Althube, intimó a los docentes suplentes a cubrir los puestos de los titulares que se sumen a la huelga. También advirtió que los suplentes que se nieguen pasarán a disponibilidad.

La abogada salteña Tania Ciriaco presentó el viernes pasado recursos de amparo para que ni los titulares docentes ni sus suplentes, sean sancionados por su adhesión a la medida de fuerza. La definición está en manos del juez Félix Costa, el mismo que anoche tenía que decidir sobre un amparo presentado por los pocos funcionarios que se encontraban dentro de la Casa de Gobierno y que pedían el desalojo de los autos y carpas que bloqueaban la salida del edificio.

“La Linda”, como se conoce a Salta, era anoche una ciudad sitiada por carpas y piquetes de protesta. En diálogo con este diario, la docente y referente del movimiento de derechos humanos, Nora Leonard, destacó que se habían dirigido por carta al ministro de Educación, Daniel Filmus, reclamando su mediación en el conflicto. “También le enviamos notas a la ministra de Economía, Felisa Miceli, y al ministro del Interior, Aníbal Fernández, para que auditen los fondos que giran a Salta”, precisó.