Desde Quito

Rafael Correa ha jugado bien sus cartas hasta ahora. Guste o no, en apenas tres meses en la presidencia de Ecuador ha logrado dividir a los partidos más fuertes para lograr un Congreso afín en el que no tiene ni un diputado propio. Ayer, ese Parlamento progubernamental comenzó a funcionar tras un mes de conflicto político. Este domingo, Correa hará saltar la banca: si las encuestas no fallan, el presidente obtendrá de la consulta popular el visto bueno para convocar una Asamblea Constituyente con poderes especiales para reformar a su medida el sistema político del país andino.

La agria disputa por el poder entre el gobierno y los partidos tradicionales no ha terminado. Por eso, ayer el Congreso ecuatoriano comenzó a funcionar cercado por un millar de policías y hasta con vallas en el patio interior del edificio para evitar que los 57 diputados destituidos el pasado 7 de marzo por oponerse a la Constituyente aterrizaran en helicóptero para recuperar por asalto sus bancadas, ahora en manos de correligionarios suplentes. Suena a película de clase B, pero es que en estos días en Ecuador parece que todos los políticos, ministros y jueces son parte de un film bastante malo.

“Correa nos ha dirigido como ha querido”, dice Fernando Torres, diputado destituido de Sociedad Patriótica (PSP), la agrupación del ex militar golpista y ex presidente Lucio Gutiérrez. “Los 11 suplentes del PSP que nos han reemplazado ya son aliados de Correa. Nuestro máximo dirigente ya no sé si nos respalda a nosotros o a los que nos reemplazaron”, añade. El PSP es la segunda fuerza del Congreso, detrás del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), del magnate bananero Alvaro Noboa, rival de Correa en las elecciones de noviembre.

El Prian está aún más fracturado que el PSP. Ha sido un hombre de sus filas –el presidente del Congreso, Jorge Cevallos– el que ha permitido la constitución de la Cámara progubernamental. “No quiero hablar de ese señor, sólo le digo que en Ecuador hay una dictadura y que ese Congreso es un fraude”, dice Gloria Gallardo, diputada destituida del Prian y líder de ese bloque de los 57 que ayer permaneció acantonado en un hotel de Quito a la espera de que algo cambie. Su última esperanza para recuperar los escaños es que el Tribunal Constitucional les dé la razón.

Con el conflicto de poderes que ha tenido en vilo a Ecuador desde mediados de enero resuelto a su gusto, Correa intensifica la campaña para lograr el apoyo de la mayoría de los nueve millones de ecuatorianos llamados a las urnas este domingo para aprobar la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Si el sí gana por la mitad más uno, se abrirá un proceso de 150 días para elegir a los asambleístas que, a su vez, tendrán seis meses para reformar la Carta Magna.

Correa está preocupado por los votos en blanco y nulos, que se suman a los no. En los últimos días, ciertos gestos y palabras de talante autoritario por parte del presidente han provocado una caída del sí en las encuestas y han despertado cierta desconfianza entre los votantes, que apenas han recibido información de lo que significa la consulta.

“Ganaremos con el 85% de los votos”, dice el diputado Jimmy Jairala, del bloque proCorrea. Jairala es del Partido Roldosista, fundado por el ex presidente Abdalá Bucaram, alias El Loco, destituido en 1997 y enemigo acérrimo de Correa. Ahora un hombre de Bucaram encabeza el bloque en defensa del presidente. Cosas de la política ecuatoriana.

La pregunta que se les hará a los ecuatorianos llamados a la consulta del domingo es la siguiente: “¿Está usted de acuerdo que se convoque a una Asamblea Constituyente de plenos poderes para reformar el marco institucional y elaborar una nueva Constitución?”.

No se sabe qué alcance tienen las palabras “plenos poderes”. Entre otras cosas, la Asamblea, una vez instalada, podrá disolver el Congreso. “Los poderes especiales no son ilimitados”, explica Fernando Bustamante, catedrático de Ciencias Políticas y principal asesor de Correa. “La Asamblea tendrá potestad para reformar la ley de partidos políticos e incluso el papel del Estado en la economía, pero no tiene poderes absolutos.”

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.