Desde Caracas

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acordó ayer solicitar la extradición del ex presidente de facto Pedro Carmona Estanga, quien se encuentra asilado en Colombia desde el año 2002. El máximo órgano judicial resolvió que el proceso de extradición sí puede tener lugar, a pesar de que expresamente está prohibido para personas acusadas de delitos políticos. El argumento del que se han valido los magistrados es que durante el golpe de Estado contra el presidente constitucional, Hugo Chávez, ocurrido hace exactamente cinco años, se atentó contra la vida del jefe de Estado.

Según el dictamen, en las investigaciones realizadas por la Asamblea Nacional quedó suficientemente demostrado que los altos mandos alzados contra Chávez en esa ocasión amenazaron con bombardear el palacio presidencial de Miraflores si el mandatario no accedía a abandonarlo en un plazo perentorio.

Carmona, de 66 años de edad, quien era presidente del organismo patronal Fedecámaras, se autoproclamó presidente de la República el 12 de abril de 2002 y decretó de inmediato la disolución de todos los poderes establecidos en el país, incluyendo el Tribunal Supremo y el Parlamento, y destituyó a funcionarios designados por el poder Legislativo como el fiscal general, el contralor general y el defensor del Pueblo. Pero su mandato apenas se extendió por 47 horas ya que fue depuesto por un movimiento cívico-militar que restauró a Chávez en su cargo.

Detenido por las autoridades, se lo procesó por el delito de rebelión y se encontraba en arresto domiciliario cuando el 23 de mayo de 2002 escapó de sus custodios e ingresó a la embajada de Colombia para solicitar asilo. El gobierno colombiano otorgó el beneficio y lo trasladó a Bogotá, donde ha residido desde entonces.

En agosto de 2002, el Tribunal Supremo declaró que no había méritos para iniciar un juicio en contra de los generales y almirantes que se rebelaron contra el gobierno, pues lo hicieron “preñados de buenas intenciones”. Sin embargo, luego de una recomposición política del alto tribunal, se inició una revisión de esta causa, lo que ha dejado abierta la posibilidad de enjuiciar a los referidos militares.

El Tratado de Extradición entre Colombia y Venezuela establece que no podrán ser extraditadas aquellas personas que sean acusadas de delitos políticos. No obstante, contempla la excepción en el caso de que se haya atentado contra la vida de un jefe de Estado.

El 11 de abril el general Romel Fuenmayor dio un ultimátum a Chávez: si no abandonaba el palacio en 20 minutos, los rebeldes bombardearían la sede del gobierno usando equipos de la Fuerza Aérea. La amenaza obligó a Chávez a entregarse a los golpistas.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.