Desde Tarija

La liberación de cincuenta y ocho policías que eran mantenidos como rehenes en la ciudad de Yacuiba devolvió algo de paz al Chaco boliviano. Tras tres días de conflictos, dos muertos y 37 heridos, el gobierno de Evo Morales promete servir de mediador entre las provincias Gran Chaco y O’Connor, del departamento de Tarija, que se disputan la jurisdicción sobre el pozo Margarita, el mayor reservorio de gas de Bolivia. La reacción de las autoridades llega demasiado tarde y no garantiza la pacificación definitiva de la región. En realidad, todo se pudo resolver el fin de semana pasado, pero tanto el gobernador de Tarija, Freddy Cossío, como el presidente Morales estaban más preocupados por los festejos de la efemérides tarijeña que por solucionar el conflicto.

El jueves 12 de abril, los alcaldes de Yacuiba y Villa Montes ingresaron en una huelga de hambre, exigiendo la solución del problema de límites entre ambas provincias. Un día más tarde, Morales llegó a Tarija para repartir tractores, inaugurar radios comunitarias, entregar casas de su plan de viviendas y cheques de ayuda venezolana a municipios de la región. Cuando se le consultó al vocero presidencial, Alex Contreras, si se atendería el problema entre las dos provincias, aseguró que el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, se trasladaría a la zona. Sin embargo, la noche del sábado, Yaksic seguía en Tarija y prefirió quedarse en la ciudad presentando su propuesta de regionalización del país a autoridades municipales que mediar en el conflicto.

Cossío tampoco hizo nada. El sábado tenía fijada una reunión con los otros gobernadores de los departamentos autonomistas para plantear su propuesta de autogobierno a la Asamblea Constituyente, desatendiendo el conflicto del Chaco. Así llegó el lunes 16 y los pobladores iniciaron el bloqueo de carreteras como primer paso antes de cerrar las válvulas de los gasoductos que exportan el gas boliviano a Argentina y Brasil. El martes la violencia estalló. Un grupo de pobladores de Villa Montes trató de tomar las oficinas de bombeo de Transredes, empresa que administra los ductos bolivianos. Con Morales en la cumbre energética de la Isla Margarita, la guerra por el Campo Margarita no tenía negociadores.

El gobierno había mandado a los militares “a brindar seguridad” a las instalaciones; pero, según el ministro de Defensa, Wálker San Miguel, no había órdenes de disparar contra los manifestantes. Sin embargo, los militares abrieron fuego contra la turba que trataba de tomar la planta. Fruto de ello, Hermas Ruiz, de 37 años, perdió la vida y otros 32 sufrieron heridas. (Anoche se confirmó la muerte de Florentino Bustos, un hombre de 63 años que se encontraba bloqueando la carretera en Caraparí.)

En ese momento, en lugar de buscar soluciones al conflicto, se buscaron culpables. Cossío y el gobierno repartieron acusaciones y la única prevención de nuevos conflictos fue enviar más efectivos a la zona. Mientras Villa Montes lloraba a su muerto y curaba a sus heridos, el conflicto se trasladó a Yacuiba, que registró otros cinco heridos por balas y balines de la Policía. Esta vez, los chaqueños pudieron más y rodearon a los efectivos y los tomaron como rehenes.

Sólo los soltaron ayer, pero después de que llegara un avión para llevarse a los policías hasta La Paz. Para ese momento, Morales ya había regresado al país, pero se rehusó a ir al Chaco a mediar. Aunque parte del problema lo había causado él, cuando emitió un decreto supremo que otorga el 45 por ciento de los ingresos departamentales de Tarija a la provincia Gran Chaco. O’Connor, como comparte el Campo Margarita con Gran Chaco, pide su parte. Se trata de la distribución de más de 100 millones de dólares anuales, que se duplicarán en cuatro años. El gobierno ha citado para hoy en La Paz a una reunión a las partes en conflicto, pero los chaqueños ya anunciaron que no irán porque quieren que se haga en Tarija.