Dos semanas después de que el Ministerio de Trabajo detectara mucho empleo en negro en el parque industrial de Almirante Brown, el intendente de ese partido, Manuel Rodríguez, dijo que las inspecciones forman parte de la “política barata” y se quejó de que “afectan a las industrias radicadas en el lugar”. Ayer le respondió Julio Casavelos, que además de subsecretario de Fiscalización de la cartera laboral es un dirigente del distrito enfrentado desde el kirchnerismo al peronista Rodríguez: “El intendente dice que molestamos a los industriales, y parece no importarle lo que les pasa a los obreros de la construcción que están en negro”. A propósito de empleo no registrado en la construcción, el funcionario confirmó que en las lujosas torres Renoir que se construyen en Puerto Madero se encontraron 43 obreros en condición irregular.

En una nota sobre trabajo no registrado, que se publicó en la edición del suplemento Cash del 8 de abril último, se informó que una inspección del Ministerio de Trabajo en el parque industrial de Almirante Brown había descubierto 50 obreros no registrados sobre un total de 189 que estaban trabajando en la construcción o ampliación de 34 plantas.

La reacción del intendente Rodríguez fue minimizar el caso: señaló que “lo único que detectaron son algunos tercerizados haciendo tareas menores” y exigió de Casavelos “responsabilidad para no afectar a los empresarios”. El subsecretario de Fiscalización le salió al cruce ayer diciendo que “lo primero que debería hacer el intendente es tratar de corregir la situación que afecta a los trabajadores y colaborar con el gobierno nacional”. En cuanto al supuesto interés de perjudicar políticamente al intendente, el funcionario asegura que la inspección fue originada por una denuncia de la Unión Obrera de la Construcción.

No es la primera vez que un intendente reacciona de esa manera. Hace no mucho, el jefe de José C. Paz, el ahora kirchnerista Mario Ishii, protestó mucho cuando una inspección halló obreros no registrados trabajando en la construcción de viviendas financiadas por el gobierno nacional y ejecutadas por el municipio. Ese conflicto dio lugar a que la Secretaría de Obras Públicas de la Nación se comprometiera a colaborar en el control del cumplimiento de las normas laborales en los contratistas y subcontratistas de las obras que financia.

En la citada nota también se informó que en las torres Renoir de Puerto Madero –dos edificios gemelos de 50 pisos cada uno que están en plena construcción, con una inversión estimada de 50 millones de dólares y un precio de venta de más de tres mil dólares el metro cuadrado– trabajan obreros en condiciones irregulares. La empresa constructora Dypsa negó el hecho, pero el Ministerio de Trabajo ratificó en una inspección del martes pasado que el contratista Velásquez Rotela emplea a 43 trabajadores no registrados, dos de los cuales son presuntamente inmigrantes indocumentados.