Desde Río de Janeiro

La paz que vivió la ciudad de Río durante los Juegos Panamericanos celebrados el mes pasado fue sólo una especie de espejismo. Duró 48 horas. El miércoles volvió con fuerza la lucha entre traficantes de drogas de las favelas y las nuevas milicias, grupos formados por ex policías que alegan defender aquellas comunidades de los narcotraficantes, con un balance de diez muertos, todos ellos traficantes de drogas.

La muerte a tiros del estudiante William Alves, de 22 años, padre de un niño de un año, un joven apreciado por todos en la favela motivó una protesta que llevó al cierre de la autopista Grajaú-Jacarepaguá, mientras un autobús y dos coches fueron incendiados. Según los dueños de las empresas de los autobuses, el miedo de nuevos ataques alteró la ruta de unas 40.000 personas que usan cada día los 155 ómnibus que hacen ese trayecto. Los niños tuvieron que andar kilómetros a pie, para poder ir a la escuela.

El gran aparato policial de más de 10.000 hombres entre policía civil, militar y miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad hicieron de Río, durante casi un mes, una ciudad casi sin violencia. Una especie de paraíso que desde hace 20 años no se conocía. No sólo hubo paz en la ciudad, llegando en algunos lugares a disminuir hasta un 80 por ciento los homicidios y asaltos, sino que hubo paz también en las martirizadas favelas, donde se cruzan a diario en sus callejuelas los tiros de la policía, de los bandos de traficantes y de las milicias que pretenden por su cuenta, no autorizadas por el Estado, defender a sus habitantes. Los expertos estudian aún por qué los traficantes y las milicias pararon sus fusiles y sus ametralladoras durante los Juegos. Según César Maia, alcalde de Río, experto en los temas de violencia, ello se debió a que los traficantes de drogas hacen buen negocio durante los grandes acontecimientos de masa y que ellos lo único que quieren es realizar tranquilos su negocio. Por otra parte, la policía tampoco actuó durante esos días en las favelas que vivieron también un inusitado momento de paz, con los niños saliendo para la escuela sin tener que correr y ampararse contra las balas perdidas.

Ahora, el gobernador de Río, Sérgio Cabral, ha conseguido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva que se quede en la ciudad el 75 por ciento de todo el equipamiento que había sido desplegado para los Juegos, todos ellos de tecnología moderna, así como la permanencia, hasta diciembre, de 2500 hombres de la Fuerza de Seguridad. El gobernador ha comprobado con sus propios ojos que la ostentosa presencia de las fuerzas de seguridad en las calles acaba inhibiendo casi en un 50 por ciento los delitos más comunes, como homicidios, asaltos a personas, robos, secuestros, etcétera.

Río vive un momento particular. El gobierno del Estado por primera vez cuenta con un hombre, Cabral, que es amigo de Lula, al revés de lo que ocurría anteriormente con el matrimonio Garotinho, que eran sus peores adversarios políticos, por lo que la ciudad había quedado poco menos que abandonada a su suerte. Hoy, Cabral se ha comprometido formalmente a dar la batalla contra la violencia: “El foco de mi gobierno en la seguridad pública será máximo, ya que dicha seguridad será perseguida de forma incansable hasta el último día de mi gobierno”, ha dicho días atrás.

A un año y medio de gobierno, nadie duda hoy de la buena voluntad de Cabral de afrontar con seriedad el tema de la seguridad de Río, la ciudad más turística del país. Lo que ocurre es que tendrá que hacer las cuentas con el formidable poder de los traficantes de drogas –mejor armados que la policía; con la corrupción de buena parte de la policía connivente con los narcos a quienes vende sus armas– que actúan con total libertad en las favelas, a veces menos odiados que la misma policía, donde el Estado son ellos, ya que el verdadero Estado no consigue tomar el mando de las cerca de 700 favelas, que viven como un Estado paralelo.

El proyecto de Lula, al principio de su primer mandato, de dar la propiedad de las casas a los favelados, fue considerado a su tiempo revolucionario incluso por los economistas pues suponía convertir por fin a esos millones de favelados de todo el país en verdaderos ciudadanos con todos los privilegios, como poder tener domicilio propio, carnet de identidad, abrir una cuenta en banco etc., mientras hoy son como ciudadanos fantasma, inexistentes a efectos legales. Ello hubiese supuesto reconvertir las favelas en barrios populares donde el Estado podría estar presente. Problemas varios e intereses enfrentados hicieron que el proyecto abortara sin que se volviera a hablar de él.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.