En un caso polémico, un juez en lo Correccional de Paraná otorgó la probation y suspendió el juicio a un abogado laboralista procesado por abusar sexualmente de cuatro chicos de entre 8 y 13 años, hijos de un letrado amigo y de una escribana de la misma ciudad entrerriana. A cambio, el magistrado Daniel Malatesta le impuso que realice un aporte mensual de 150 pesos a un Hospital Materno Infantil local y que le pague a la familia una reparación económica por un monto de 3000 pesos: la grave imputación quedará saldada con dinero. El abogado querellante, Marcos Rodríguez Allende, adelantó a Página/12 que apelará la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

“Los chicos, que ya son adolescentes, no pueden creerlo. Una víctima de abuso sexual primero siente vergüenza, pero después cuando expone los hechos pretende tener una respuesta de la Justicia. Y no ésta”, señaló Rodríguez Allende. La probation está prevista para casos de delitos con penas de hasta tres años de cárcel. El abuso sexual simple, en forma reiterada, la figura que pesaba sobre el abogado laboralista César Gustavo Bechetti, se castiga con hasta cuatro años de prisión.

El inicio del juicio estaba previsto para el lunes. Por la edad de las presuntas víctimas, que todavía son menores, las audiencias se harían sin presencia de público ni periodistas. Pero el juez Malatesta resolvió suspender el proceso a prueba por tres años, de modo que no hubo juicio y aceptó otorgar la probation al imputado, el abogado laboralista César Gustavo Bechetti. Ayer el juzgado dio a conocer los fundamentos del fallo, donde el magistrado alega para acceder a la probation la ausencia de “antecedentes penales” del imputado y “las características de los hechos endilgados”, cuya pena en caso de condena “sería igual o menor a tres años”. Para la defensa, en cambio, por la cantidad de víctimas, durante el proceso se podría probar una figura legal agravada, que elevaría la pena a aplicar por encima del límite para que sea de cumplimiento condicional.

La causa en contra de Bechetti por abuso sexual, sin penetración, se inició unos años atrás. Según relató el representante legal de la familia de las presuntas víctimas, Bechetti, de 36 años, era “íntimo amigo” del padre de los chicos, otro abogado de Paraná, cuyo nombre se mantiene en reserva para proteger la identidad de los menores. Los hechos que se le imputan habrían ocurrido entre 1996 y 2000. “Los chicos, dos nenas y dos varones, en aquel momento tenían menos de 13 años, y relataron tocamientos de sus miembros sexuales. Esto sucedía cuando iban con él en auto, cuando los visitaba y su padre estaba cocinando, o en la pileta, y les metía la mano por debajo del traje de baño”, describió el abogado Rodríguez Allende, que comparte la querella con la abogada Noemí Berros.

El expediente fue elevado a juicio oral por el juez de Instrucción Jorge Barbagelata. A lo largo de la instrucción se sumaron además de los testimonios de los niños, informes psicológicos periciales que descartaron que fabularan o hubieran inventado la acusación. Por el contrario, dieron crédito a la denuncia de que Bechetti se habría aprovechado de la relación de amistad con el padre de los chicos para someterlos sexualmente en distintos momentos y situaciones.

“El abuso surgió cuando los padres de los chicos se separaron y recibieron terapia psicológica. En ese ámbito uno de ellos contó sobre los tocamientos y después hablaron los otros nenes”, señaló Rodríguez Allende. La madre es escribana.

La defensa del imputado pidió el beneficio de la probation y ofreció pagar como reparación a las víctimas la suma de 3000 pesos. La querella rechazó el dinero. Pero el juez Malatesta la aceptó y entendió que “dada la calificación legal por la cual viene requerido”, podía ser beneficiado con esa medida. Beche-tti arreglará el asunto con dinero: como “regla de conducta” el magistrado realizará un aporte mensual de 150 pesos en favor del Hospital Materno Infantil San Roque, de la ciudad de Paraná, por tres años. Además, no podrá tener ningún tipo de contacto “con las víctimas y sus familiares directos”, enumera la sentencia, a la que tuvo acceso este diario. “Vamos a apelar ante el Superior Tribunal de Justicia. Consideramos que hay un interés de los menores de hacer el juicio. En ese proceso se debe determinar la culpabilidad o no del imputado”, opinó Rodríguez Allende.