El proceso de paz en Colombia tiene un precio: dejar libres a muchos paramilitares. Esto propone el proyecto de ley presentado por el gobierno al Congreso que permitiría indultar a cerca de 19.000 mercenarios desmovilizados sin mando. Según la propuesta oficial, la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sería juzgada por el delito de “concierto para delinquir simple”. En un primer momento, Uribe pretendía aplicarles la figura de sedición para otorgarles beneficios políticos a todos los paramilitares, incluidos los cabecillas, pero la Corte Suprema de Justicia falló en contra. Ahora, de ser aprobada la nueva iniciativa, sólo los paramilitares de bajo rango obtendrían beneficios jurídicos, aunque también podrían llegar a presentarse en elecciones.

“Nos parece más sencillo, más claro, más transparente, y es lo que parece desprenderse de la providencia de la Corte Suprema de Justicia. Creemos que el resultado va a garantizar la igualdad a todos los movilizados”, dijo el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín. El funcionario explicó que el gobierno desistió de juzgar a las AUC bajo la figura de sedición, que generó polémica en su momento, para en cambio acogerse al fallo reciente de la Corte Suprema. El 11 de julio el tribunal señaló que los paramilitares no pueden ser considerados delincuentes políticos, lo que impide que obtengan beneficios políticos.

No obstante, si se aprobara el proyecto de ley, los paramilitares desmovilizados gozarían de las ventajas jurídicas que otorga el artículo 69 de la Ley de Justicia y Paz, entre las que se contempla la terminación de la condena, informó el diario colombiano El Espectador. “Podrán ser beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento, por los delitos de concierto para delinquir”, señala el proyecto.

Según Telesur, la conversión de la figura de concierto para delinquir en indultable y excarcelable habilita automáticamente a los desmovilizados a ejercer todos los derechos políticos, incluso elegir y ser elegidos. Ante esta posibilidad, Holguín señaló que no sería un inconveniente. “Si los señores desmovilizados se lanzan para las elecciones, lo ideal es que la gente no vote por ellos”, dijo.

Sin embargo, la normativa sugerida indica que para acceder a los beneficios los paramilitares rasos en proceso de paz no podrán haber incurrido en delitos de lesa humanidad ni en otras conductas delictivas como la barbarie y el narcotráfico. La ley también determinará que no tendrán ventajas jurídicas los ex comandantes paramilitares ni los vinculados a la “parapolítica”, en momentos en que se reaviva el debate luego de que un senador opositor denunciara esta semana compromisos entre políticos y paramilitares.

Por su parte, el Ejecutivo cree que la nueva medida contribuirá a incorporar a la sociedad a los “paras”, hoy acusados de ser financiados por multinacionales, perpetrar masacres y dirigir escuelas de descuartizadores. “El gobierno nacional considera que esta solución legislativa facilita la reintegración a la vida civil de un considerable número de ex combatientes que hoy se encuentran en su mayoría gozando de libertad y cuyo encarcelamiento, juicio y sanción en nada honraría el compromiso con la paz de Colombia”, indica el documento oficial presentado en el congreso que fundamenta la ley.

En medio del plan de desmovilización que viene impulsando sin mucho éxito el presidente Alvaro Uribe, el mes pasado la policía encontró una fotografía que probaba la existencia de escuelas de descuartizadores creadas por los paramilitares, informó en julio el diario El Tiempo de Bogotá. La imagen en la que un paramilitar desmembraba con un machete el cuerpo de un joven en el sur de Colombia sumó un nuevo escándalo.