El gobierno de Francia aprieta las clavijas del flujo migratorio. El parlamento de ese país aprobó ayer por la tarde en forma definitiva el polémico proyecto de ley impulsado por el presidente francés, Nicolás Sarkozy, para reducir la entrada de familiares de inmigrantes. Para ello la medida incluye pruebas de ADN a los extranjeros que quieran reunirse con sus familias en Francia. Pese a las últimas modificaciones para suavizarla, la ley fue repudiada por sectores de la oposición e incluso del gobierno, un año después de la rebelión de jóvenes inmigrantes en los suburbios pobres de Francia, que provocó una quema masiva de automóviles.

“Es una nueva legislación para inmigrantes, que les permite demostrar su parentesco”, dijo el ministro francés de Inmigración e Identidad Nacional, Brice Hortefeux, el artífice de la medida. Con 185 votos a favor y 136 en contra, el senado le dio el último visto bueno al texto de Hortefeux, luego de que los diputados lo aprobaran por 282 votos a favor y 235 en contra, cuando era necesaria una mayoría de 259 votos. La versión final adoptada por la cámara baja, si bien impuso numerosas condiciones para efectuar los exámenes genéticos, no pone fin a la polémica ley que también obliga a los potenciales inmigrantes a superar una prueba de idioma.

Entre los detractores de la ley, los diputados socialistas, comunistas y verdes volvieron a amenazar con el último recurso que disponen: pedir la intervención del Consejo Constitucional para censurar el proyecto, especialmente los exámenes genéticos. Según el gobierno, éstos serían necesarios para probar la filiación sanguínea de aquellos que quieran reunirse con sus parientes en Francia. El objetivo de Sarkozy es reducir la entrada de familiares y aumentar el número de trabajadores calificados. Pese a que Sarkozy, el principal impulsor de la ley, se abstuvo de intervenir en las discusiones parlamentarias, en su momento expresó con claridad que la enmienda referida a la prueba de ADN no le chocaba. La propuesta de examen genético fue introducida el 12 de septiembre y tras ser modificada ahora será implementada en un período de prueba hasta el 31 de diciembre de 2009. En su versión final levemente suavizada, el test de ADN será para extranjeros procedentes de países con registros civiles deficientes o inexistentes. Además, los exámenes deberán estar autorizados por un juez y ser aceptados por escrito por aquellos que lo solicitan. A diferencia de la propuesta inicial, los inmigrantes no tendrán que pagar el test sino el Estado.

Por la mañana, el ministro de Inmigración denunció durante el último debate de su proyecto de ley en la Asamblea Nacional las caricaturas, excesos y falsos procesos de los que fue objeto la enmienda sobre la prueba genética. Según Hortefeux, 12 países europeos, en su mayoría gobiernos socialdemócratas o socialistas, ya aprobaron este recurso como es el caso de Alemania, Italia, Suecia y Gran Bretaña. “Los exámenes genéticos son una evolución lógica e ineluctable”, dijo el funcionario citando al Alto Comisionado para los Refugiados.

En cambio, el diputado verde Noël Mamère entendió la nueva legislación como una respuesta de Sarkozy a los simpatizantes del ultraderechista Jean-Marie Le Pen que lo habrían votado tras una campaña electoral centrada en el combate a la inmigración ilegal. “Quieren reembolsar la parte de la deuda a la extrema derecha que permitió al presidente de la república ser elegido”, advirtió.

En tanto, desde la izquierda hasta la derecha, varios ministros y tres ex jefes de gobierno critican la nueva medida aun en su versión final “ligth” por contradecir la ley de bioética que sólo permite los test de ADN con fines médicos o de investigación.