En los siete años que los panistas han gobernado México, más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, aunque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí. Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

También hay doce reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, que dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.

Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policíaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos.

Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos), y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad. En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policíaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.

La sentencia más alta

En el operativo policíaco realizado en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, en el que murieron dos jóvenes, se detuvo con violencia excesiva a 209 personas; de éstas, 183 fueron recluidas en el penal de Santiaguito, cuatro internadas en el Hospital General de Toluca, nueve menores enviados al Consejo Tutelar de Zinacantepec y tres encerradas en el penal del Altiplano, en Almoloya. Fue uno de los arrestos masivos más numerosos ocurridos en los últimos años, en el que participaron la Policía Federal Preventiva y corporaciones mexiquenses.

Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle y Felipe Alvarez, así como el universitario Héctor Galindo, fueron encerrados en el penal de máxima seguridad del Altiplano y sentenciados a 67 años de prisión por la retención de funcionarios públicos entre febrero y abril de 2006, hecho calificado por las autoridades como “secuestro equiparado”. Aún esperan sentencia por los hechos de mayo. A pesar de las protestas generadas por la desproporcionada condena, el juez la ratificó, pero todavía tienen derecho a un amparo. La penalidad contra estos tres “presos políticos” supera muchos de los castigos impuestos a narcotraficantes y secuestradores sentenciados.

De los detenidos en Santiaguito, 98 por ciento presentó algún tipo de lesión, según documentó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo documentó 26 casos de tortura. En procesos ilegales admitidos por oficinas del Ministerio Público itinerantes, 17 fueron liberados sin cargos y a 170 les dictaron auto de formal prisión. De éstos, 128 salieron bajo fianza y los 28 restantes quedaron presos en Santiaguito, además de que cinco extranjeros fueron expulsados del país sin oportunidad de defenderse.

* De La Jornada de México. Especial para Página/12.