Nueva Delhi y Washington

El presidente de Pakistán, el general Pervez Musharraf, anunció ayer que las elecciones legislativas se celebrarán antes del 15 de febrero –inicialmente planeadas para enero–, que el estado de excepción terminará pronto y que dejará el mando del ejército. Estas promesas llegaron tan sólo pocas horas después de que el presidente de EE.UU., George W. Bush, quien considera al general un indispensable aliado, se lo pidiera en una llamada telefónica con un “mensaje muy sencillo, muy fácil de entender”.

Los comicios habían quedado suspendidos desde el sábado pasado, cuando el general dictó el estado de excepción y descabezó al Tribunal Supremo, justificándolo como una medida necesaria en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, gran parte de los paquistaníes cree que el verdadero motivo es que Musharraf dio un autogolpe de Estado para perpetuarse en el poder, porque los magistrados iban a declarar inconstitucional su reelección por no haber dejado su puesto como jefe del ejército.

Para el presidente, “no hay duda de que las elecciones se celebrarán lo antes posible, antes del 15 de febrero”, después de que se hayan disuelto todas las asambleas para realizar al mismo tiempo las elecciones a nivel nacional y provincial. Por otra parte, el fiscal general Malik Mohammed Qayyum predijo que la medida de excepción será derogada en uno o dos meses, dependiendo de cómo evolucione la situación de la ley y el orden, aclaró.

En tanto, John Negroponte, el número dos del Departamento de Estado norteamericano, reconoció ayer que la administración no piensa utilizar medidas de presión para obligar a Musharraf a retrotraer el estado de excepción. Negroponte admitió en el Capitolio que Musharraf decidió el estado de emergencia ignorando el punto de vista de Estados Unidos. “Le manifestamos una y otra vez nuestra oposición, pero no siguió nuestro consejo”, dijo el funcionario. “Musharraf ha sido indispensable en la lucha global contra el terrorismo, tan indispensable que los extremistas y los radicales han intentado asesinarlo en múltiples ocasiones”, declaró el subsecretario. “Dicho esto, no cabe ninguna duda de que los estadounidenses tenemos mucho en juego en Pakistán”, advirtió, dando a entender que Washington no prepara ningún cambio en Pakistán.

Negroponte hizo las declaraciones ante el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas, en un momento en que ésta se está planteando revisar la ayuda para aquel país tras la declaración de la ley marcial y la represión política. El Congreso busca cómo aplicar cierto castigo a Musharraf sin herir la sensibilidad de un aliado vital para EE.UU.

Sin embargo, para la ex primera ministra Benazir Bhutto, el anuncio de Musharraf no ha sido suficiente. “Queremos una fecha precisa para las elecciones y una fecha de jubilación. Estas afirmaciones son vagas”, dijo. El partido de Bhutto –el Partido Popular de Pakistán (PPP)– tiene prevista para hoy una manifestación en Rawalpindi, la antigua capital y sede de los cuarteles generales del ejército. “Sabemos de los riesgos de la marcha: podemos ser arrestados o atacados por terroristas, como ya lo ha sido la señora Bhutto el pasado 18 de octubre (ella salió ilesa, pero murieron 140 personas), aunque eso no nos va a detener”, afirmó vía telefónica desde Islamabad el ex senador y portavoz del partido, Farhatulá Babar. Para gran parte de los analistas, Bhutto ha pactado ya con Musharraf, con la presión de EE.UU., para ser primera ministra.

Sin embargo, entre 400 y 800 miembros del PPP han sido arrestados ayer por la noche, informó el partido, después de la ofensiva lanzada por el gobierno paquistaní. En cambio, las autoridades confirmaron el arresto de sólo 140 militantes del PPP. La presión aumentó después de que la líder política liberal instase a protestar el miércoles por la noche contra el estado de excepción. Hasta entonces, la ex primera ministra se había contentado con reclamar el respeto del calendario electoral, porque desde hacía meses negociaba con Musharraf un reparto de poder con motivo de las legislativas.

Por cuarto día, las protestas registradas ayer en Islamabad y Lahore volvieron a ser reprimidas con dureza por la policía. En Karachi, al sur del país, las autoridades acusaron de sedición a tres políticos y un sindicalista por haber criticado el estado de excepción en sus discursos. La sedición es un delito que puede implicar la pena de muerte en Pakistán.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.