Desde París

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, cumple sus primeros seis meses de presidencia con un país agitado en el plano social, un cambio prometido pero aún en estado de sueño y una hábil utilización de la política-espectáculo como estrategia de conquista de la opinión pública. La liberación de seis enfermeras búlgaras y un médico palestino detenidos en Libia desde hacía ocho años, la posterior recuperación de la libertad de tres periodistas detenidos en Chad, en el marco de un confuso episodio, y la su visita a los Estados Unidos le sirvieron al presidente como cartas diplomáticas y argumentos internos. Sin embargo, en el plano interno, el jefe de Estado choca con un doble frente opositor: los sindicatos, que ponen en tela de juicio la reforma de los regímenes especiales de jubilación, y los estudiantes, que bloquean una docena de universidades en signo de protesta por una ley de autonomía universitaria.

Noviembre se presenta como un mes negro para Nicolas Sarkozy. En los ferrocarriles franceses, siete de los ocho sindicatos convocaron a una huelga a partir del 13 de noviembre contra los cambios en los regímenes especiales de jubilación. En proporciones similares, los sindicatos del metro y de los suministros eléctricos se suman al movimiento. A su vez, los funcionarios, en especial los de la enseñanza, programaron una jornada de paro para el 20 de noviembre en demanda de mejoras de salario, mientras que los sindicatos de la magistratura y los empleados de la Justicia anuncian una huelga a fines de mes porque se oponen a una reforma que está en curso en el sector. Más inesperada por su amplitud y espontaneidad fue la ola de protestas estudiantiles que paralizó buena parte de las universidades francesas.

El miércoles, la policía tuvo que intervenir a fin de impedir que los estudiantes tomaran la Universidad de la Sorbona, en el centro de París. Los medios estudiantiles son hostiles a la ley de autonomía universitaria porque estiman que la reforma introducida por la ministra de la Enseñanza Superior, Valérie Pecresse, va a disminuir la participación financiera del Estado en las universidades. Ultimo ramo de adversidad en un mar agitado: dos sindicatos de la policía francesa, que representan a 13 mil funcionarios policiales, organizaron ayer una manifestación peculiar para oponerse a un cambio de estatuto que, a partir del mes de enero, los privaría del pago de horas extra; los policías dejaron en manos de sus superiores las armas y los teléfonos móviles. Si de acá a fin de mes las negociaciones en curso no desembocan en un acuerdo, los policías van a organizar una manifestación nacional.

La amenaza más seria proviene de los transportes públicos. Después de la masiva huelga de octubre, lanzada por el mismo motivo, es decir, la reforma de los regímenes especiales de jubilación, éste sería el segundo gran paro en los seis meses de presidencia de Nicolas Sarkozy. El Ejecutivo quiere que la jubilación de muchas categorías profesionales se equiparen con los de la función pública. En vez de los 37 años de cotizaciones que abonan algunas categorías socio-profesionales, el gobierno quiere aumentarlas a 40 años, pero los sindicatos alegan que existen ramos de trabajo insalubre en los que se justifican cotizaciones menores. Seis meses después de la victoria de Sarkozy frente a la socialista Ségolène Royal, la sociedad empieza a contar los meses con impaciencia.

Los cambios sustanciales prometidos por Nicolas Sarkozy apenas tienen contornos y el Ejecutivo continúa moviendo los temas que ocupan a la sociedad desde hace más de un cuarto de siglo, pero que no aportan las transformaciones adaptadas a la economía moderna. Aún existe en Francia un segmento ultraconservador que se conmueve con toda medida contra la inmigración y ése es uno de los caballos de batalla que el gobierno expone ante las cámaras. Con orgullo de misión cumplida, el ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Brice Hortefeux, anunció ayer que se habían alcanzado los objetivos en materia de expulsión de extranjeros ilegales. El ministro reveló que desde principios de año se habían expulsado a 18 mil personas y reiteró que “el objetivo” seguían siendo 25 mil.