El genocidio contra los dirigentes colombianos de Unión Patriótica (UP) volverá a ser investigado en Bogotá. La Fiscalía General anunció esta semana que reabrió 294 casos de asesinatos de miembros del extinto partido de izquierda y ya dictó seis órdenes de captura, todas contra paramilitares y sicarios de los carteles del narcotráfico. Hasta ahora la mayoría de las muertes habían quedado impunes. Sin embargo, la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ya comenzó a analizar los nuevos datos suministrados por los jefes paramilitares desmovilizados, que podrían llevar a nuevas acusaciones, no sólo contra paras, sino también contra militares retirados, ganaderos, narcotraficantes y ex funcionarios públicos.

El gobierno de Alvaro Uribe no debe estar muy contento. El desfile de los ex jefes paramilitares por los tribunales ha destapado un sinfín de acusaciones contra todos los sectores que han detentado el poder en las últimas dos décadas. Sus ministros, diputados, senadores, familiares y amigos han sido señalados en estos meses por los paramilitares desmovilizados. El presidente Uribe siempre sostuvo que los responsables del asesinato sistemático de al menos tres mil militantes de la UP habían sido los paramilitares.

En el año 2000, a poco de asumir, el mandatario convocó a los familiares de las víctimas a un “proceso de conciliación” para intentar evitar que el caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Justicia colombiana sólo alcanzó unas pocas condenas y siempre contra los autores materiales. Nunca lograron probar la culpabilidad de los grandes narcotraficantes o los jefes paramilitares. Cansados de no ver resultados contundentes, los familiares de las víctimas dieron por terminadas las conversaciones y volvieron a acudir a la CIDH. El tribunal está analizando actualmente el caso.

El genocidio de los dirigentes y militantes de la UP es una de las mayores heridas políticas que dejaron las décadas de conflicto interno en Colombia. En 1984, el partido nació como consecuencia del proceso de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt y las FARC, por entonces una fuerza militar que hacía temblar al debilitado ejército colombiano. Muchos de los guerrilleros que se desmovilizaron formaron la UP, que se terminó de fortalecer con el ingreso de dirigentes del Partido Comunista y de otros movimientos de izquierda.

A los pocos años, el partido ya se perfilaba como una fuerza de oposición significativa. El apogeo político de la UP llegó con las elecciones legislativas de 1986, cuando ganó 14 escaños. Ese mismo año, su candidato presidencial Jaime Pardo obtuvo el tercer puesto, con un 4,6 por ciento de los votos. Inmediatamente después comenzaron los asesinatos.

El narcotraficante Gonzalo Rodríguez empezó una guerra personal contra los militantes de la UP, a los que definía como la parte débil de las FARC. Según le decía sin tapujos a los medios, la guerrilla le había incumplido varios acuerdos, perjudicando sus negocios. Con ayuda de los entonces incipientes grupos paramilitares, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comenzó a asesinar todas las semanas y hasta todos los días a algún miembro del partido.

Y para llamar la atención empezaron con sus principales referentes. Diputados, senadores, asesores y hasta sus dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, fueron asesinados a balazos entre 1986 y 1994. Toda la estructura partidaria desapareció. Mientras el gobierno colombiano reconoció dos mil muertos, los familiares de las víctimas y las organizaciones de izquierda estiman que la cifra real supera los tres mil. Hasta el momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sólo aceptó 1163 casos.

Según el diario colombiano El Tiempo, la Fiscalía General no sólo investigará a los paramilitares, los narcotraficantes y a los sectores de poder que estuvieron vinculados con ellos –ganaderos, militares y funcionarios públicos–. También intentarán dilucidar si las FARC tuvieron algún papel en el genocidio de lo que muchos consideraban su brazo político. Esta nueva dirección se podría deber a alguna acusación de los jefes paramilitares desmovilizados, que como parte del acuerdo de paz que firmaron con Uribe deben reconocer ante los tribunales todos los crímenes que cometieron o que ayudaron a cometer.

Los analistas colombianos coinciden en que la desaparición abrupta y violenta de la UP dejó un espacio vacío en la izquierda que aún se siente hoy. Recién en los últimos años surgió una nueva fuerza, que aunque más moderada, intentaría ocupar ese lugar. El Polo Democrático, gracias a su rechazo explícito a la violencia, paramilitar pero también guerrillera, logró obtener el 25 por ciento de los votos en la última elección presidencial y se colocó como el referente opositor ineludible, incluso antes que los partidos tradicionales. Pero como las costumbres son difíciles de dejar, no tardaron mucho en aparecer voces que los tildaran de simpatizantes de la guerrilla o, incluso, como sostuvo el propio Uribe, guerrilleros con traje y corbata.