La calificación de “asociación estratégica” estaba allí, bien visible, en uno de los primeros párrafos. Era la carpeta del protocolo presidencial, que anticipa los compromisos de la visita del español José Luis Rodríguez Zapatero. La carpeta no era secreta, apenas la agenda que debería cumplir Néstor Kirchner a su regreso de la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile. Y “asociación estratégica” es la forma de describir la relación que han tenido y tendrán en los próximos cuatro años Argentina y España. O mejor dicho el kirchnerismo y el Partido Socialista Obrero Español, que todavía debe enfrentar las elecciones presidenciales. La jornada relámpago que Zapatero tendrá hoy en Buenos Aires lo confirmará otra vez. En Olivos lo espera un temario que incluye como tema central la actualización de las tarifas de los servicios públicos controlados por empresas españolas, algo que en Madrid ya consideran un hecho.

La “asociación estratégica” entre la Casa Rosada y el Palacio de la Moncloa prevé, se supone, beneficios para ambas partes. Los españoles esperan consolidar sus inversiones en el país y sobre todo que las empresas de servicios recuperen rentabilidad tras la devaluación de 2001 (sus ingresos son en pesos). El capital español controla Gas Natural Ban, Edesur, Telefónica, los bancos Francés (Bilbao Vizcaya) y Río (Santander) y es propietario de Aerolíneas a través del grupo Marsans. En los últimos cuatro años los españoles tuvieron gestos hacia Kirchner: aceptaron una renegociación de deuda favorable a la Argentina a pesar de que el Club de París no la había aprobado; asumieron el rol de interlocutores con el resto de Europa en representación de una Argentina que venía del default; intercedieron en el conflicto por las papeleras, arriesgando en la empresa la credibilidad de su figura intocable, el rey Juan Carlos.

¿Qué los llevó a dedicar tantos gestos hacia la Rosada?, incluso a riesgo de que la imagen del facilitador del rey se viera golpeada, como sucedió el jueves a la noche cuando se supo que Tabaré Vázquez había ordenado que Botnia comenzara a funcionar sin más dilaciones. En los últimos días, los españoles también ubicaban entre esos gestos la votación favorable en la asamblea mundial de Interpol a la extradición de los reclamados por la Justicia argentina por el atentado a la AMIA. La respuesta hay que buscarla en los temas pendientes de la agenda bilateral. Los españoles consideran que la asunción de Cristina Kirchner coincidirá con la salida de la crisis y que llega el momento de ser más exigente. En buen criollo, llega el tiempo de actualizar las tarifas de los servicios públicos.

Del lado argentino se muestra una clara predisposición a descongelar los ingresos de los privatizadas. Los funcionarios dicen que hasta ahora se han escuchado críticas irracionales. “Si no aumentamos las tarifas dicen que no fomentamos el clima de inversión, que las tarifas están subsidiadas artificialmente. Si las aumentamos, que cedemos a las presiones de España y va a aumentar la inflación. ¿En qué quedamos?”, es el argumento que Página/12 escuchó esta semana de fuentes oficiales. Como en toda negociación, en esta “asociación estratégica” entre Argentina y España se espera que hayan beneficios para ambos. Para la Rosada, significa que las empresas españolas, sobre todo las más rentables, inviertan una mayor parte de sus ganancias. Y los nombres más conflictivos siguen siendo Repsol-YPF y Aerolíneas Argentinas (grupo Marsans). En la ecuación que el oficialismo imagina para los próximo mandato, ambas compañías deberán ceder parte de su paquete accionario al capital privado argentino (en el caso de Repsol, se incorporará el grupo Petersen del banquero Enrique Eskenazi, cercano a Kirchner) o directamente al Estado (que controla el 5 por ciento de las acciones y podría estirarse al 20). En España parecen aceptar sin problema a Eskenazi. Dicen que eso convertirá a la petrolera en una empresa “multilatina” y que el ingreso de capital privado argentino “aumentará la valoración de la empresa”. Quizá sea una forma de prevenir cualquier iniciativa por reestatizar YPF, justo cuando la brasileña Petrobras –para muchos un modelo a seguir– acaba de encontrar enormes reservas de crudo en el lecho submarino del Atlántico.