El sargento Alexander Rodríguez hizo lo que pocas veces un oficial colombiano: se arrepintió. Se presentó en la Procuraduría de su zona y dijo que ya no quería ejecutar inocentes para conseguir más días de descanso. Contó cómo él y sus compañeros mataron a varios campesinos, dirigentes sociales e indígenas, y los hicieron pasar por guerrilleros. Los detenían, los esposaban y les daban el tiro de gracia en algún lugar alejado, donde nadie los conocía. Al día siguiente, los nombres de las víctimas aparecían en las siempre nutridas listas de insurgentes muertos en combate. La historia horrorizó a los colombianos y el gobierno de Alvaro Uribe prometió investigar. Mientras tanto, Rodríguez fue sancionado, supuestamente por problemas disciplinarios. Pero su historia es sólo la punta del iceberg. Un iceberg que el año pasado le costó la vida a cerca de mil personas e hizo desaparecer a otras 235.

Durante años las ONG y las organizaciones de derechos humanos denunciaron solas el terrorismo de Estado que el presidente Uribe instaló con su política de seguridad democrática. Con sobrevivientes demasiado asustados para hablar y familiares que no terminan de saber qué pasó con sus seres queridos, los defensores de las víctimas sólo contaban con algunos casos individuales. La declaración del sargento Rodríguez fue la prueba que necesitaban para convencer al país de lo que está sucediendo.

El joven oficial arriesgó todo y se presentó a la Procuraduría de Ocaña, en el Norte de Santander. Según el relato que reprodujo la revista Semana, el oficial contó que sus superiores los premiaban con cinco días de descanso por cada guerrillero o supuesto guerrillero que mataban. Esto, según Rodríguez, incluía a los civiles a los que les plantaban un arma o los vestían con ropa de fajina después de ejecutarlos.

Rodríguez apenas pudo hablar del puñado de casos de los que había participado. Sin embargo, hay muchos más. Una misión internacional de observadores de Estados Unidos y Europa pudo comprobar hace unos meses que el Ejército ejecutó a cerca de mil personas y las hizo pasar por guerrilleros. No sólo eso, la misión desnudó un aceitado sistema para detener, asesinar y hacer desaparecer personas con total impunidad.

Para Liliana Uribe, una de las abogadas de la Corporación Jurídica Libertad, la primera ONG que se hizo cargo de las víctimas del Estado, el modus operandi del Ejército es siempre el mismo. “Los detienen vivos, los llevan a cientos de kilómetros y los matan. Allí, los entierran como NN y pueden pasar meses y hasta años hasta que sus familiares los encuentran. Para entonces las pruebas desaparecieron y nadie sabe nada”, explicó la abogada. “Como si no fuera suficiente, las investigaciones quedan bajo la jurisdicción penal militar”, agregó.

Uribe fue aún más lejos que los observadores internacionales y se animó a señalar al presidente Uribe, con quien sólo comparte el apellido. “Antes las ejecuciones las realizaban principalmente los paramilitares. Pero desde que Uribe comenzó a aplicar su multimillonaria política de seguridad democrática, los militares son los responsables de las violaciones a los derechos humanos”, señaló. La abogada dudó un poco antes de lanzar su acusación más fuerte: “Es un terrorismo de Estado”.