Un nuevo escollo se ha sumado en el camino de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica. El placet –acuerdo diplomático– del Vaticano aceptando la designación de Alberto Iribarne ante la Santa Sede se demora y de manera extraoficial se ha dejado trascender que eso se debe a la condición de divorciado del futuro embajador. En la Cancillería argentina hay preocupación por el hecho y no se oculta que, de no resolverse positivamente la solicitud de acreditación, la embajada ante la Santa Sede podría quedar vacante y por cuenta del encargado de negocios, lo que implicaría un enfriamiento de las relaciones y un nuevo motivo de distanciamiento con el Vaticano.

Carlos Custer, el embajador saliente, ya se despidió del papa Benedicto XVI y dejó sus funciones en Roma. Su designado reemplazante todavía no puede hacerse cargo porque la diplomacia vaticana no brindó aún su acuerdo formal para que lo haga. El placet es la aceptación que el Estado que recibe da a todo embajador y puede negarlo sin brindar explicaciones. Nadie supone que no llegue el placet para Iribarne, pero la demora es una forma de expresar el desagrado del Vaticano –embarcado en una suerte de cruzada neoconservadora con Benedicto XVI a la cabeza– por el nombramiento de un embajador que no se encuadra dentro de la ortodoxia moral que propone el Papa. En el ámbito local se sabe que Iribarne tiene relaciones cordiales y amistosas con varios obispos.

Mientras tanto, en la Cancillería ya se elaboraron argumentos para demostrar que la Santa Sede no ha tenido problema en aceptar embajadores de otros países, y también argentinos, en condición de divorciados. El caso de Iribarne es particular porque se trata de un católico –fue bautizado– que se divorció y vive en una segunda unión. Pero, además, Argentina sigue siendo uno de los países considerados tradicionalmente católicos y esto pesa también para que la Santa Sede pretenda un embajador de acuerdo a la ortodoxia romana.

En torno del tema pueden hacerse otras consideraciones. Todavía está pendiente la designación del reemplazante del obispo castrense Antonio Baseotto, desconocido por el gobierno de Néstor Kirchner debido al conocido altercado con el ex ministro de Salud, Ginés González García. Hay una terna elaborada por la Iglesia local, pero la Cancillería todavía no dio formalmente el acuerdo necesario sobre los nombres. Sólo después de ese trámite el Vaticano tendrá las manos libres para nombrar al nuevo obispo castrense. El placet para Iribarne puede estar directamente vinculado con la aceptación argentina para la terna del obispo castrense. La Cancillería argentina se niega totalmente a condicionar un tema al otro. “Se trata de dos cuestiones independientes”, afirman los funcionarios cuando son consultados. Dentro de la agenda de las diferencias se incluye también la intención del gobierno de Cristina Fernández de rediscutir el acuerdo internacional que rige las relaciones entre los dos Estados y que encierra, entre otros temas, la vigencia de las capellanías militares.

Nadie descarta además que los amigos que aún tiene el ex embajador menemista Esteban Caselli dentro de la diplomacia vaticana –a pesar del alejamiento del cardenal Angelo Sodano, quien fue su principal apoyo– hayan trabajado en contra de la rápida resolución del placet hacia Iribarne. La condición de divorciado del ex ministro de Justicia le habría dado el argumento para operar en este sentido. Cada vez que se le presenta una oportunidad, Caselli pone en evidencia que todavía tiene relaciones e influencia en la cúpula de la Iglesia Católica Romana. Incluso los obispos argentinos han sufrido las consecuencias de sus acciones. Está claro que Caselli no pierde oportunidad para demostrar la vigencia de su poder e influencias vaticanas.

La embajada argentina ante la Santa Sede está hoy a cargo del encargado de negocios Hugo Gobbi, y podría continuar en esa situación por mucho tiempo, si no se resuelve positivamente el placet de Alberto Iribarne como embajador.