La Argentina presentó ante la Corte Internacional de La Haya nuevas pruebas en la demanda contra la instalación de Botnia. La consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, entregó en Holanda documentos que refuerzan la denuncia contra el Uruguay y acusan al país vecino de haber “agravado” las cosas con la construcción de otras obras conexas a la pastera, como el puerto de Nueva Palmira, realizado “sin autorización” local a pesar de estar sobre un río compartido.

Los escritos –500 páginas con dos anexos con notas diplomáticas, argumentación jurídica e informes técnicos– tienen dos aspectos: por un lado el procesal, que plantea que el Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay al autorizar unilateralmente la instalación de la papelera, y por el otro el ambiental. “Las normas del estatuto protegen al río Uruguay y sus áreas de influencia, y la industria pastera tiene un alto poder de contaminación”, resumió sobre el punto Ruiz Cerutti. Aunque el contenido de estos informes se mantuvo en reserva, trascendió que detallan los efectos que está generando Botnia en el ambiente. Se da por descontado, por ejemplo, que mencionan el accidente ocurrido en la planta que provocó la intoxicación de obreros y otros incidentes de mal olor que afectaron a alumnos de una escuela ubicada del lado entrerriano.

El escrito es la réplica de la defensa que llevó el Uruguay en julio, con el nombre de contramemoria. Ahora el gobierno de Tabaré Vázquez debe presentar lo que se llama dúplica. Luego habrá tres semanas de audiencias orales y finalmente el tribunal dictará la sentencia. Aunque no hay plazos predeterminados, se estima que esto podría ocurrir antes de que termine el año.

Al retirarse del Palacio de Paz, donde funciona el tribunal de las Naciones Unidas, Ruiz Cerutti habló con los medios y dijo que la autorización otorgada por el presidente Vázquez a la papelera para entrar en funcionamiento “fue el último y más grave” de los episodios que agravaron la controversia. Como en otras oportunidades, la consejera legal estuvo acompañada por el embajador argentino ante los Países Bajos, Santos Goñi.

Voceros de la Cancillería hablaron de seis incumplimientos del Tratado del Río Uruguay reprochados por la Argentina:

- La autorización otorgada unilateralmente para la construcción de Botnia en Fray Bentos.

- El permiso que de manera similar se expidió a Ence, luego relocalizada.

- La construcción del puerto de la compañía, ubicado junto a la planta.

- El permiso, una vez más otorgado unilateralmente, para que Botnia extraiga volúmenes de agua extra del río Uruguay.

- La construcción de un segundo puerto en la localidad de Nueva Palmira, utilizado como vía de salida de las exportaciones de pasta de celulosa, y cuya inauguración fue encabezada por Tabaré.

- El permiso para que la pastera entrara en producción.

La causa en La Haya fue abierta en mayo de 2006 con un pedido de medida cautelar para que el tribunal frenara la construcción de la pastera. El tribunal lo rechazó, pero aclaró que si en el momento de fallar sobre el fondo llegaba a la conclusión de que se afectó un derecho, podía llegar incluso a ordenar el desmantelamiento de la planta. Esa es la apuesta de máxima de la Argentina. Para el equipo de la Cancillería, en este juicio no es imprescindible demostrar que Botnia contamina. De lo que se trata es de probar que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay, “su socio y copropietario del río, un recurso compartido”; pero por supuesto, la consideración sobre el daño ambiental es un dato que va a influir en el ánimo de los jueces. El Uruguay ha sostenido por su parte que la Argentina sí le dio su consentimiento durante la gestión del ex canciller Rafael Bielsa. Los argumentos de los uruguayos en respuesta a la presentación de ayer serán conocidos el próximo 29 de julio.