El desalojo de las cincuenta familias del barrio Cambaceres, en Ensenada, fue inevitable. Sin embargo, la Justicia se inclinó esta vez a favor de esas 300 personas que ahora acampan en la calle, y lo que comenzó como un caso más de emergencia social derivó en una colisión de poderes y en la primera denuncia penal contra el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Tras el operativo del viernes, que incluyó Infantería y Caballería, intervino el juez Luis Arias y ordenó al gobierno provincial y a la Municipalidad de Ensenada garantizarles el derecho a la vivienda. Esa resolución no fue acatada, por lo cual el magistrado denunció a Scioli, al intendente Carlos Secco y al interino Luis Blassetti por abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario y desacato, y ordenó que les apliquen multas de 800 pesos diarios a cada uno. Ayer en el sector Liquidaciones de la gobernación nadie quería recibir el oficio judicial. Un vocero de la administración del ex motonauta aseguró a Página/12 que formaron una comisión para darles una “solución definitiva”.

Era la madrugada del 24, cuando 300 policías de la comisaría primera de Ensenada concretaron el desalojo ordenado por la jueza Marcela Garmendia en el complejo de viviendas ubicado entre las calles Maipú, Bolivia Bis, Quintana y Arroyo La Fama, en el barrio Cambaceres. Días antes, el intendente interino de Ensenada había denunciado a las cincuenta familias que allí vivían por usurpación, con el argumento de que esas casas ya fueron adjudicadas. Las viviendas del conflicto se edificaron con fondos del gobierno nacional (Fonavi) a través de cooperativas integradas por desocupados del Plan Jefes y Jefas. Son 113 unidades, de las cuales sólo se terminaron de construir 77, y la mayoría carece de conexión cloacal y de instalaciones de gas y electricidad. Según las autoridades de la comisaría primera, los policías fueron recibidos con piedras.

“Esta fue una orden del intendente Secco, que nos saca de casas que no tienen dueño. Nosotros avisamos al Instituto de la Vivienda que las íbamos a ocupar y no nos dijeron ni que sí ni que no. Es más: tenemos expedientes iniciados y todo”, planteó Gabriela Castillo, una de las desalojadas. “Yo no tengo donde vivir, y si los adjudicatarios no vienen a vivir acá ¿por qué no podemos usar las casas nosotros?”, dijo otra ocupante con su bebé de ocho meses en brazos, según recogió el diario El Día. Las familias armaron en las calles que bordean el complejo habitacional precarios techos con media sombra, a modo de carpas, y se ubicaron con sus cocinas, muebles, bolsos con ropa y hasta alguna mascota.

A través de un pedido de amparo colectivo, los abogados del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) solicitaron que se garantice el derecho a la vivienda digna, y que las mismas se encuentren cercanas a las casas de las que fueron desalojados para no afectar el derecho al trabajo y a la educación de las familias. Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo 1 de La Plata, acogió el amparo y dictó una medida cautelar en la que ordenó a la provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de Ensenada que “arbitre los medios necesarios y adecuados para la reubicación de las familias afectadas del ‘barrio Fonavi’ de Ensenada, en un lugar cercano al sector de sus actuales viviendas, que cuente con condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente”. En esa resolución, que emitió el mismo día del desalojo, el magistrado advertía de las “astreintes”, es decir multa diaria, que pensaba imponer “a la persona del funcionario remiso”. Pasaban los días y los abogados del CIAJ, en representación de las familias, denunciaron el incumplimiento por parte de las autoridades de la medida cautelar de Arias. Fue así como el juez intimó al gobernador y al intendente a cumplir de manera efectiva con su resolución, “en un plazo de diez horas”.

El intendente Secco le respondió por radio. “El municipio no tiene ni el terreno ni el dinero para hacer 47 casas a gente de La Plata, organizada por política, que pretende venir a vivir a Ensenada”, afirmó en declaraciones a radio Provincia. “No comparto lo dictaminado por el juez Arias”, agregó el funcionario. El magistrado redobló la apuesta, denunció a Secco, a su segundo y al gobernador Scioli y les impuso la multa diaria que había anticipado: 800 pesos a cada uno, a descontar de sus haberes. “Se ha colocado a los actores (las familias desalojadas) en una situación de abandono y desamparo, circunstancia que implica una grave violación a los derechos humanos”, escribió en el oficio. Y advirtió sobre las “graves consecuencias institucionales” que tiene “el desobedecimiento injustificado” de la cautelar que había emitido.

Un vocero del gobernador Daniel Scioli aseguró a Página/12 que apelaron la medida judicial, y que “en lo inmediato” dieron a las familias “asistencia social”, consistente en alimentos, colchones y frazadas. Al mismo tiempo, afirmó que crearon una “comisión integrada por el Ministerio de Desarrollo Humano, el de Infraestructura, la Subsecretaría de Tierras y el municipio de Ensenada para abordar “la cuestión definitiva”. Sin embargo, las vecinas siguen protestando. “La situación es aberrante porque estamos con los chicos en la calle, algunos con diarrea, con calor y lluvia. No tenemos respuestas del gobierno, queremos que vean nuestra situación, que se acerquen”, describió una de las desalojadas al expresarse ayer por Radio Belgrano.