Si el secreto profesional era una excusa que tenían los militares uruguayos para ocultar crímenes de la dictadura, ahora deberán pensar nuevos argumentos. El lunes el gobierno uruguayo derogó un decreto por el cual los militares podían ampararse en el secreto de Estado para no brindar información sobre delitos cometidos durante la represión de la dictadura, entre 1973 y 1985. La iniciativa fue presentada por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, con el fin de “liberar la conciencia” de aquellos que quieran informar sobre hechos del pasado. Sin embargo, organismos de DD.HH. criticaron los alcances de la medida. “Todavía no se obliga a los militares a hablar”, advirtió a Página/12 Oscar Goldaracena, abogado denunciante del ex represor Gregorio Alvarez. Del lado castrense, las reacciones fueron dispares y no faltaron las advertencias. “La sociedad toda va a sufrir”, dijo el general retirado Iván Pauls.

El secreto profesional entre los militares no fue inventado por la dictadura, sino que nació con el decreto 2294/943 aprobado el 20 de mayo de 1943. Ahora, la normativa que durante décadas permitió a las fuerzas armadas resguardar sus historias más oscuras, fue finalmente derogada con un nuevo decreto que el lunes firmó el presidente Tabaré Vázquez. Según Berrutti, los militares ya no tendrán impedimentos para colaborar en el esclarecimiento sobre violaciones a los derechos humanos. “La idea es liberar la conciencia de aquellos que quieran hacer algún aporte y no pueden hablar porque su ética militar se lo impide”, dijo la ministra.

La medida se decidió luego de que el gobierno consultara a oficiales del ejército y estos argumentaran que su silencio se debía a que acataban órdenes superiores de no hablar, explicó la funcionaria, que el próximo 3 de marzo abandonará la cartera. Con la nueva ley, los militares deberán responder no sólo ante sus mandos sino también ante la Justicia, indicó. “Todo el personal integrante o que hubiera integrado el Ministerio de Defensa queda relevado del secreto militar que hasta ahora había amparado la información relacionada con la violación de los derechos humanos sucedidos entre el 1o de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985”, dice el texto.

Sin embargo, el decreto no obliga a los militares a decir lo que supuestamente saben sino que les quita la protección a la que suelen apelar en su defensa. Por eso algunos organismos de derechos humanos se mostraron insatisfechos. “Es importante que no se pueda invocar más al secreto, pero exigimos al presidente que ordene a los militares que brinden todas la información”, dijo el abogado Oscar Goldaracena. “Hasta ahora no se dio”, añadió. La central sindical PIT CNT sostuvo una postura similar. “No soluciona nada. El único mecanismo para que declaren es que el gobierno rompa el silencio corporativo de las fuerzas armadas”, señaló a este diario Luis Puig, de la secretaría general de la confederación.

En cambio, los militares que hicieron declaraciones reflejaron la interna que vive actualmente el cuerpo castrense, desde que la Justicia procesó en los últimos años a menos de una decena de sus jerarcas. Sin reproches, el general retirado Oscar Pereyra apoyó la decisión oficial. “Pone las cosas en su lugar y sincera el término secreto de Estado”, dijo al diario digital El Observador. “Fue mal utilizado, nunca estuvo bien definido”, agregó. Era una distorsión del concepto original, que se refería a las acciones del país en defensa ante la amenaza enemiga, dijo.

El que se sintió incómodo fue el general retirado Iván Pauls. “El ejército está siendo objeto de humillaciones”, denunció. Pauls integró el Servicio de Información y Defensa (SID) en tiempos del régimen militar y está procesado por su presunta participación en los traslados clandestinos de opositores de Argentina a Uruguay. Sin olvidarse de uno de sus compañeros, el ex general defendió al coronel retirado Jorge “Pajarito” Silveira, que el lunes se declaró en huelga de hambre. “Silveira morirá y se convertirá en una nueva víctima de la guerra psicopolítica que está realizando el gobierno para con las fuerzas armadas”, vaticinó.

Informe: Juan Manuel Barca.