El gobierno venezolano expulsó a José Miguel Vivanco y al resto de su comitiva de Human Rights Watch, apenas horas después de que presentaran un informe muy crítico sobre los diez años de gobierno de Hugo Chávez. “Ya basta, hasta aquí llegaron: todo aquel que pretenda inmiscuirse en los asuntos internos venezolanos recibirá el mismo tratamiento que Vivanco”, advirtió ayer el canciller Nicolás Maduro. Según denunciaron funcionarios chavistas, la ONG norteamericana es parte del “complot golpista” contra el presidente Chávez. “Es una organización fachada de los intereses más bastardos de la oligarquía venezolana y del imperialismo estadounidense”, aseguró el ministro de Comunicaciones e Información, Andrés Izarra.

Al filo de la medianoche del jueves, cuando parecía que el gobierno iba a esperar al otro día para reaccionar contra el informe de 260 páginas, el Palacio de Miraflores sorprendió y emitió un escueto comunicado, en el que informaba que Vivanco y su equipo debían dejar inmediatamente el país. Según relató el director ejecutivo de HRW más tarde, un grupo de policías fue a buscar a la comitiva a su hotel en Caracas y los escoltó hasta el aeropuerto, donde tomaron el primer vuelo a San Pablo.

“La instrucción de Chávez de forzarnos a salir del país en estas circunstancias demuestra el contenido de nuestro informe, que habla de la intolerancia del gobierno frente a la crítica”, señaló Vivanco, director para las Américas de HRW, desde suelo brasileño. Su compañero y director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, también aprovechó la situación para legitimar su informe. “Chávez pudo haber expulsado al mensajero, pero simplemente ha reforzado el mensaje: las libertades civiles en Venezuela están en peligro”.

El informe de HRW se titulaba “Una década del gobierno de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los DD.HH.” y denunciaba la concentración de poder en la figura presidencial, la supuesta falta de libertad de prensa y la persecución a los líderes sindicales opositores dentro de las empresas públicas, principalmente la petrolera Pdvsa. La organización norteamericana aprovechó el décimo aniversario de Chávez en el poder para compilar la larga lista de denuncias que en los últimos años su gente y otros organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen presentando contra Caracas.

Para el gobierno venezolano, sin embargo, fue la prueba final de la supuesta injerencia política de la ONG. “Vivanco, este ciudadano, portador de pasaporte chileno, ha violentado la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país”, decía el comunicado difundido en la madrugada de ayer. “La Constitución nos obliga a defender la soberanía de nuestro país”, agregó horas después el canciller Maduro.

A pesar de que las críticas y las acusaciones verbales contra HRW no son una novedad entre los funcionarios venezolanos, ayer fue la primera vez que el Palacio de Miraflores cumple con sus amenazas y expulsa a un miembro de una organización internacional. Según explicaron ayer desde el gobierno, la decisión fue igual a la que tomaron la semana pasada cuando expulsaron al embajador norteamericano. Esa vez, Caracas denunció al diplomático por participar de los “planes conspirativos” de la oposición.