Un día después de la guerra verbal que terminó con la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, la frontera amaneció tensa y así se mantuvo durante todo el día. Desde Caracas, el vicepresidente Elías Jaua intentó de-sactivar las alertas que encendieron los empresarios y la oposición de su país. Aseguró que todos los cruces fronterizos estaban abiertos y que los camiones entraban y salían del territorio normalmente. “La situación en la frontera es normal, nuestra Fuerza Armada Nacional está desplegada en términos de su operación normal, obviamente con el alerta que orientó el comandante presidente de la República”, explicó en una entrevista al canal de televisión estatal VTV. Desde Bogotá, algunos medios exageraron alguna discusión entre comerciantes y miembros de las fuerzas venezolanas, pero tampoco registraban incidentes graves.

La región fronteriza entre esas dos zonas andinas sufre los efectos de la fría relación entre Alvaro Uribe y Hugo Chávez desde 2008, cuando este último puso en el freezer la cooperación y el contacto con el principal aliado de Estados Unidos en Sudamérica. Según estimaciones de los medios colombianos, el comercio fronterizo se vio afectado hasta en un 65 por ciento desde entonces. La central empresarial venezolana Fedecámaras, la misma que lideró el boicot petrolero en contra de Chávez antes del golpe de 2002, hizo propia ayer la cifra del 65 por ciento y acusó al presidente venezolano de empeorar aún más la situación con la ruptura de relaciones diplomáticas. Sin embargo, a pesar de la mayor presencia de agentes de la Guardia Nacional venezolana, poco parecía haber cambiado.

En Bogotá los ánimos también parecían haberse calmado. El gobierno colombiano sólo hizo una corta declaración de boca del canciller, Jaime Bermúdez. “Colombia considera que no se ha dado una respuesta al tema de fondo”, aseguró en una brevísima conferencia de prensa. El ex embajador en Buenos Aires no hizo declaraciones explosivas ni mucho menos. En un tono relajado recordó que ellos no fueron los que rompieron relaciones y garantizó que están abiertos a un diálogo con el gobierno venezolano. El mensaje conciliador contrastó con la última semana de acusaciones enardecidas de Uribe y sus funcionarios sobre la presunta presencia guerrillera en Venezuela.

En otro gesto acorde con el clima político que se vivía en Bogotá en los últimos días, Uribe hizo saber ayer que quiere redoblar la apuesta por la vía del derecho internacional. El fiscal general colombiano Guillermo Mendoza anunció que el Palacio Presidencial de Nariño le había entregado una denuncia sobre 60 casos de homicidios, secuestros y ataques contra las fuerzas de seguridad públicas cometidos por guerrilleros que, según las pruebas que presentó el jueves ante el Consejo Permanente de la OEA, estarían escondidos en territorio venezolano. Según explicó, el objetivo sería presentar la querella ante la Corte Penal Internacional (CPI). “Estos hechos encajan perfectamente en la categoría de crímenes de lesa humanidad del estatuto de Roma”, aseguró Mendoza.

La CPI investiga y procesa crímenes de lesa humanidad cuando la Justicia del país donde se cometieron los delitos no actúa. Para Mendoza está por demás probado que la Justicia venezolana no quiere investigar los crímenes cometidos por las guerrillas colombianas. Según las pruebas que presentó la delegación colombiana el jueves en la OEA, existirían más de 1500 miembros de las FARC y el ELN en Venezuela diseminados en decenas de campamentos clandestinos.

No es la primera vez que el gobierno y las instituciones colombianas vierten toda la responsabilidad de los crímenes de las guerrillas en los países vecinos. Colombia comparte cientos de kilómetros de frontera selvática con Venezuela y Ecuador, y desde hace años, inclusive antes de la llegada de Chávez y Rafael Correa, el Estado colombiano y sus fuerzas armadas no controlan muchas de esas áreas fronterizas. Por eso ayer el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chanderton, contraatacó a su par colombiano, quien el jueves había monopolizado el micrófono del organismo regional. “Cuando las FARC violan la frontera es porque las fuerzas de seguridad de Colombia no han sabido defender su estado. No debemos pagar esto en términos de escándalos mediáticos”, se quejó el diplomático en Washington.

Con el pasar de las horas, la bronca inicial se fue aplacando y aparecieron los pases de factura entre el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, los aliados de Venezuela y el gobierno colombiano. Ante el evidente malestar, el chileno no dudó en señalar al canciller de Uribe, Jaime Bermúdez. “Hablé con el canciller de Colombia, pero no hubo disposición a postergar la sesión, y no hay absolutamente nada que yo pueda hacer al respecto”, se atajó.

Pero sus explicaciones no alcanzaron para el gobierno ecuatoriano, uno de los que más presionaron para resolver la crisis a puertas cerradas. “Ya le quedó grande el cargo. En este momento demostró absoluta incapacidad el señor Insulza para conducir esta organización; demostró una incapacidad para buscar la paz en la región”, sentenció, visiblemente enojado, el canciller de Correa, Ricardo Patiño.