Domingo, 8 de mayo de 2011 | Hoy
EL MUNDO › OPINIóN
Por Atilio A. Boron
Preocupados por perseguir a Bin Laden, cuyos numerosos familiares fueron los únicos –entre decenas de miles– autorizados a abandonar Estados Unidos al día siguiente del 11-S, a los gobernantes de Estados Unidos se les olvidó indemnizar a los 13.954 bomberos, paramédicos y rescatistas que trabajaron durante días y semanas removiendo escombros de las Torres Gemelas y aspirando una nube tóxica que dañó severamente sus organismos y en especial sus pulmones. Se estima que un par de miles, tal vez algo más, murieron a causa de las complicaciones y otros se cansaron de esperar una compensación por sus servicios, caracterizados como “heroicos” por Barack Obama en su demagógica visita a la Zona Cero del pasado jueves.
La cifra mencionada no incluye a todos, pues es la que se llegó a registrar en una investigación realizada por la Yeshiva University de la ciudad de Nueva York y cuyos hallazgos fueron publicados por el New England Journal of Medicine en abril del año pasado. La desidia y la ingratitud con la cual fueron (mal)tratados esos trabajadores, material de desecho en cualquier economía capitalista, contrasta llamativamente con las ceremonia de recordación presidida por Obama. Según el corresponsal de la BBC en Nueva York a principios de 2008 –¡es decir, casi siete años después de producido el atentado!– sólo seis (sí, no hay error: seis) de algo más de 10.000 demandas que habían planteado los trabajadores por los graves trastornos ocasionados a su salud habían recibido alguna clase de compensación por parte de las autoridades norteamericanas. Justicia burguesa, que le dicen. Las protestas y presiones prosiguieron y recién en abril del 2010, a casi nueve años del siniestro, se llegó a un primer arreglo mediante el cual los trabajadores, en una demanda legal colectiva, podrían llegar a recibir, ¡diez años más tarde!, 657.5 millones de dólares de compensación, a razón de unos 65.000 dólares por persona. Por supuesto, habrá algunas excepciones en donde, sobre la base de una revisión a cargo de un juez, en un proceso que podrá llevar un buen número de años, algunos de los damnificados podría obtener una compensación algo mayor. Con esa suma los afectados difícilmente podrán pagar las facturas médicas acumuladas a lo largo de tantos años de total abandono por parte de los cruzados de la libertad radicados en la Casa Blanca y los desafortunados que requieran un tratamiento más complicado quedarán a la vera del camino. En Estados Unidos la salud es una mercancía más, y como lo recordaba Alfredo Zitarrosa en su “Doña Soledad”, “usted se puede morir, eso es cuestión de salud, pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd”. Téngase en cuenta que una simple operación de apendicitis en Nueva York puede llegar a costar fácilmente 30.000 dólares y ya está todo dicho. Ah, me olvidaba: los honorarios de los estudios de abogados involucrados en esta larga, penosa y humillante batalla legal de los rescatistas ya superan los doscientos millones de dólares. Washington puede invadir países, torturar, asesinar, promover golpes de Estado y entrar en guerras sin autorización del Congreso, pero se muestra impotente para hacer justicia y compensar adecuadamente a la anónima legión de quienes se jugaron la vida y su salud en la Zona Cero con el pretexto de que el Congreso se lo impediría. Otra mentira más, y van...
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