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El gobierno colombiano obtuvo la aprobación parcial en el Congreso de un proyecto de ley que prevé otorgar facultades de policía judicial a los militares. La iniciativa, que también autoriza a las autoridades a interceptar llamadas o realizar allanamientos sin una orden judicial, fue avalada el miércoles por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en el primero de ocho debates. El presidente Alvaro Uribe se manifestó satisfecho por la determinación de la Cámara y destacó que el proyecto facilita la lucha contra los grupos insurrectos. Las voces en favor de una normativa más drástica se incrementaron tras el reciente asesinato en cautiverio de diez rehenes, incluidos el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el ex ministro Gilberto Echeverry, a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A la principal guerrilla colombiana se le atribuyen los ataques de ayer contra la infraestructura –un recurso que las FARC intensificaron tras la asunción de Uribe–. Tres muertos, daños parciales en una planta de tratamiento de agua y suspensión del fluido eléctrico en un vasto sector del suroeste colombiano fueron efectos de los ataques dinamiteros. El hecho más grave se presentó en el deprimido sector de Aguablanca, en la ciudad de Cali, en donde murieron tres vigilantes de una planta de tratamiento de agua. La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, denunció que nueve torres de energía fueron dinamitadas en el Valle, mientras que otras dos torres fueron voladas en Huila. Ayer también un avión bimotor, con 18 ocupantes a bordo, recibió cinco disparos de fusil desde tierra cuando aterrizaba en el suroriental municipio de La Macarena, sin registrarse heridos o muertos.