El vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, alma y cerebro de esta administración, ha estado reteniendo como secreto diversas informaciones y datos pertenecientes al gobierno sin la correspondiente autorización de la agencia estatal responsable del llamado “material clasificado”. Es más, cuando se sintió excesivamente presionado por esa agencia para revelar sus secretos, Cheney intentó cerrarla. El episodio, que puede dar lugar a posteriores investigaciones por parte del Congreso y de los fiscales, fue dado a conocer por el miembro de la Cámara de Representantes Henry Waxman, un demócrata de California que se ha destacado en el Capitolio por sus denuncias contra esta administración.

Waxman es presidente del Comité de Control Gubernamental y, por tanto, responsable de seguir de cerca los pasos del Ejecutivo en cuanto a su cumplimiento estricto de las leyes. En ese papel, Waxman llevaba tiempo al tanto del conflicto que desde 2003 libraban Cheney y la Oficina para la Vigilancia de la Seguridad de la Información Oficial sobre qué documentos tenía derecho a retener como secretos el vicepresidente. Aparentemente harto de que Cheney burlara una y otra vez el control obligado de esa oficina estatal, Waxman puso el jueves por la noche en la página web del Congreso todos los documentos y cartas que parecen confirmar que Cheney ha actuado durante cuatro años al margen o por encima del reglamento para no compartir con otros poderes del Estado información privilegiada.

El asunto tiene la apariencia de una de esas intrincadas polémicas legales inaccesibles para neófitos, pero en realidad es bastante claro e ilustra muy bien el modus operandi de la actual vicepresidencia de Estados Unidos. No hay que olvidar que el antiguo jefe de Gabinete de Cheney, Lewis Libby, fue recientemente condenado por obstrucción a la Justicia, y que otro de sus colaboradores, Leandro Aragoncillo, se confesó el año pasado culpable de suministrar información secreta a un grupo de conspiradores filipinos, según se ha sabido ahora también por los documentos de Waxman.

Los hechos, según esos documentos, son como siguen. La Oficina para la Vigilancia de la Seguridad de la Información Oficial, que es un departamento de los Archivos Nacionales, remite una vez al año una comunicación a todas las agencias del Poder Ejecutivo para conocer qué documentos han sido archivados como secretos. Nadie, ni siquiera el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, está exento de esta obligación, que garantiza la centralización y localización de todo material sensible.

Dick Cheney, sin embargo, se negó a contestar la petición de los Archivos Nacionales, cuyo responsable es nombrado por el presidente. Es sabido entre los círculos políticos de Washington que Cheney tiene la opinión de que los secretos de este país están demasiado expuestos al control público, lo que pone en peligro la seguridad nacional.

El vicepresidente decidió, por lo visto, actuar en consecuencia y, año tras año, ignoraba la exigencia de compartir sus secretos con los Archivos Nacionales. Este organismo llegó a recurrir al fiscal general, Alberto Gonzales, para presionar a Cheney. Pero éste reaccionó, según los documentos de Waxman, sugiriendo que lo que había que hacer es cerrar la Oficina para la Vigilancia de la Seguridad de la Información porque entorpecía la función del gobierno.

El argumento de la vicepresidencia para negarse a la obligada inspección de sus papeles secretos era un detalle técnico un tanto pueril. La ley obliga a la revisión de los documentos únicamente del Poder Ejecutivo, y Cheney aducía que no podía ser incluido en esa categoría en tanto que cumple también el papel legislativo de presidir el Senado y romper los empates con su voto.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.