Después de las elecciones para la Constituyente, la nueva Carta Magna de Ecuador va tomando cuerpo. La propuesta oficial busca crear nuevas formas de propiedad, reducir la autonomía del banco central, combatir los monopolios y acabar con la precarización laboral que afecta a casi la mitad de la población, según información oficial. Sin embargo, la dolarización seguirá vigente y no habrá estatizaciones, se encargó de aclarar recientemente el mandatario de ese país, Rafael Correa.

El proyecto constitucional elaborado por el gobierno prevé la coexistencia de distintas formas de propiedad, como la pública, mixta, comunitaria y social. La propiedad pública sería inembargable e imprescriptible con el fin de cambiar la tendencia a la privatización que sufrió Ecuador. “La propiedad pública será exclusiva en sectores estratégicos como el agua potable, las telecomunicaciones, la explotación de los recursos de la biodiversidad, el espectro electromagnético, la distribución y venta de energía, la actividad hidrocarburífera y minera, la defensa y seguridad publica”, indica la nueva versión constitucional.

La iniciativa oficial también permitiría la intervención de sectores privados en los recursos estratégicos. “Determinar la posibilidad de desarrollar legalmente mecanismos de gestión mixta de los sectores estratégicos antes citados”, propone el proyecto oficial. Para que no quedaran dudas, fue el mandatario ecuatoriano quien la semana pasada aclaró los límites de la participación del Estado al rechazar la estatización de los medios de producción y apostar por la democratización de la propiedad, sin excluir la propiedad privada tradicional, según una entrevista realizada por Canal Uno.

Por su parte, los sectores petroleros de Ecuador parecen demandar medidas que amplíen la intervención privada en un país donde las exportaciones de petróleo significaron el año pasado casi el 60 por ciento de las ventas exteriores, según datos oficiales. “El cambio de señales puede crear un ambiente favorable para procurar la reactivación de la industria petrolera en el Ecuador. Pensar que la estatal petrolera, Petroecuador, pueda ser convertida en una sociedad anónima es una forma pragmática de emular buenas experiencias de estatales en Europa y América del Sur, que han transitado por el mismo camino y que demuestran que pueden funcionar mejor como empresas por acciones, con actuación en los mercados de valores y compitiendo con las mejores prácticas”, dijo René Ortiz Durán, líder de la Asociación de Compañías Petroleras en Quito.

Pero las mayores tensiones parecen darse entre el gobierno y los banqueros, que en una economía dolarizada también muchos de ellos controlan medios de comunicación. Desde hace tiempo, Correa quiere regular la banca, más aún después de que el viernes pasado ese sector decidiera aumentar las tasas de interés para octubre, informó el diario El Comercio, de Ecuador. Por el contrario, el presidente de Ecuador no sólo pretende bajarlas, sino que además busca elegir las autoridades del banco central, con el fin de que el gobierno maneje la política monetaria del país. “En línea de mantener el esquema de dolarización es necesario reformular el rol del Banco Central del Ecuador y eso implica eliminar totalmente su autonomía del Ejecutivo. El directorio del banco deberá conformarse por un gerente general nombrado por el presidente de la República y un directorio compuesto por los gerentes técnicos, el ministro de Economía, el Consejo Nacional de Economía y el ministro o secretario de Planificación”, indica la Carta Magna que llevará el gobierno a la asamblea.

En momentos en que la pobreza alcanza a casi un 40 por ciento de la población, el gobierno debe lidiar con el aumento de precios del maíz y la harina, un recurso que maneja uno de sus opositores, el empresario y líder del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) Alvaro Noboa. El magnate de la producción bananera y dueño de más de cien empresas es uno de los pocos que tienen el poder de manejar el aumento o la caída del precio del pan, informaron fuentes consultadas por Página/12. Pero Correa, más que enfrentarse, prefiere solucionar la puja mediante subsidios, comprando la harina a las molineras para después venderla más barata. “Los ecuatorianos no pueden sufrir o pagar las consecuencias por otros industriales, que quieren afectar la estabilidad del gobierno. Nuestro presidente está consciente de esto y por ello ha dado esta alternativa a quienes laboran con este producto”, afirmó César Heredia Pico, gerente de la Oficina del Banco Nacional de Fomento, al diario ecuatoriano El Mercurio, luego de que la semana pasada Correa firmara un convenio con una molinera para vender la harina a un precio accesible.

Informe: Juan Manuel Barca