En los últimos meses, Costa Rica dio a luz cientos de asambleas comunales, denominadas comités patrióticos, que instalaron el “No al Tratado de Libre Comercio (TLC)”. Cansados de los intentos de privatización en las dos últimas décadas, sindicatos, estudiantes, intelectuales, partidos de izquierda, la Iglesia, pequeños empresarios y hasta sectores disidentes del oficialismo se convirtieron en un fastidio para la política pro TLC del presidente Oscar Arias, líder del socialdemócrata Partido de Liberación Nacional (PLN) y cuestionado por presuntos vínculos con el empresariado.

“Reunión del comité patriótico en la casa de doña Maruja Suárez”, dice una de los tantas invitaciones para impulsar actividades contra el TLC que circularon durante los últimos días por Internet, volantes, programas de radio, de televisión, sindicatos y facultades de San José. Desde hace cuatro meses, los comités no han parado de trabajar. Nacidos por generación espontánea en su mayoría, nuclean a trabajadores, estudiantes, profesionales y amas de casa. “Hay más organización ahora, pero la lucha arrancó gracias a los sindicatos y gremios que siempre estuvieron más alerta para defender al pueblo. Después la organización se trasladó a los barrios y las bases traspasaron a la dirigencia”, señaló a Página/12 Carlos Salas, miembro de un comité de la provincia de San José.

Si bien las dos últimas movilizaciones contra el TLC fueron las más grandes de la historia del país centroamericano, desde hace siete años las políticas neoliberales despiertan protestas. “Ya lo hicimos en el 2000. Pese a que la asamblea legislativa aprobó privatizar la electricidad y las telecomunicaciones, no pudieron avanzar por la huelga nacional que hicimos. En ese momento nacieron los comités, aunque después se diluyeron por un tiempo”, dijo en una entrevista con Página/12 Luis Sarquís, bombero y secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), que integra la Coordinadora contra el TLC.

Costa Rica es uno de los pocos países latinoamericanos, según la CGT, donde el Estado tiene el monopolio de la explotación de los hidrocarburos y provee acceso universal a las telecomunicaciones (incluida Internet), seguros (de vida, inmobiliarios, de pérdidas de cosechas, de maternidad, de accidente), electricidad, agua, transportes y salud.

Sin embargo, desde la década del ’80 políticos y grandes empresarios intentan abrir las empresas estatales a la competencia privada. “Desde que Oscar Arias fue por primera vez presidente en el año 86, el neoliberalismo se apropió de los partidos tradicionales. Así han logrado gran cantidad de ventas de empresas del Estado como Fertilizantes de Centroamérica, la Cementera del Pacífico, la Azucarera y el Banco Anglocostarricense”, recordó con nostalgia Sarquís, aclarando que en muchos casos los entes fueron endeudados para luego ser comprados por capitales extranjeros.

Durante los últimos años Estados Unidos fortaleció sus lazos con Centroamérica. Entre sus principales negociaciones comerciales en curso, Costa Rica sostiene el fallido Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Tratado Centroamericano de Libre Comercio (Cafta por sus siglas en inglés), ambos impulsados por Washington. No obstante, el dirigente de una de las cinco confederaciones sindicales del país explica que de aprobarse el tratado se terminarían los monopolios estatales y desaparecería la cobertura social. “Aunque no privaticen, la competencia va a dirigir los servicios a quien pague más y entonces las zonas pobres y rurales se van a quedar sin acceso a los derechos públicos”, señaló el bombero de 46 años. Un ejemplo de ello, informó el diario guatemalteco Prensa Libre, son los medicamentos genéricos que también se encarecerán.

En cambio, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) ha hecho una fuerte campaña a favor del TLC tras oponerse al referendo, el primero en realizarse en el continente. “Creemos en la existencia de mecanismos de consulta popular. Sin embargo, en la actualidad el país no tiene el tiempo suficiente para realizar un referendo en torno al tratado comercial”, advirtió en marzo pasado Rafael Carrillo Lara, presidente de la Uccaep, en una carta dirigida al mandatario de Costa Rica, Oscar Arias.

En medio de la polarización social que produjo el TLC y después de la renuncia de un vicepresidente y ministro de producción, el gobierno ha sido muy cuestionado, en especial Arias, sospechado de tener intereses económicos en la firma del tratado. “La familia de Arias es dueña del ingenio Taboga que sería beneficiado por el TLC. Hay diputados del PLN conectados con un bufet de abogados vinculados a las grandes empresa farmacéuticas que también ganarían con el libre comercio”, denunció Ricardo Solís, de la Federación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica que también integra la Coordinadora del NO.

Por si esto fuera poco, el mandatario además estaría comprometido con grupos económicos centroamericanos que financiaron su candidatura a cambio de que impulsara el TLC, informó el Semanario Universidad, de Costa Rica. “Según el Tribunal Supremo de Elecciones, Propokodusa SA donó 12.575.000 de colones (moneda costarricense) a la campaña de Arias, mientras que Fhcasa donó otra cantidad similar”, apuntó el medio local. Ambas empresas pertenecen a la Corporación Multi-Inversiones, cuyos copresidentes se reunieron con Arias en el 2005 en Guatemala para impulsar el tratado, añadió el semanario.

Informe: Juan Manuel Barca.