El ARI disidente volvió a la carga por el reparto de los fondos que maneja la Nación. El senador fueguino José Martínez presentó un proyecto de ley para que el gobierno nacional distribuya entre las provincias los 5700 millones de pesos de excedente en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), acumulados desde antes de la crisis de 2001 hasta agosto de 2007. Un aporte que, de acuerdo con el coeficiente de coparticipación que le corresponde a cada provincia, representaría un incremento presupuestario de 1144 millones a Buenos Aires, más de 500 millones para Córdoba y Santa Fe, 80 para la Ciudad de Buenos Aires y 40 para Tierra del Fuego, el territorio menos favorecido. Los promotores afirman que la iniciativa paliaría las críticas economías provinciales hasta que se discuta una nueva ley de coparticipación que “termine con el disciplinamiento político que impone al gobierno nacional a los gobernadores”.

Rodeado por casi toda la bancada de diputados del ARI Autónomo, Martínez expuso el proyecto como una retribución “federal” a todas las provincias, aunque con la cabeza puesta en las dificultades económicas que afronta la gobernadora arista, Fabiana Ríos, en Tierra del Fuego. “El Tesoro Nacional en la actualidad utiliza dichos excedentes como financiamiento a corto plazo. En otras palabras, esos excedentes contribuyen a aumentar el superávit del Presupuesto Nacional en detrimento de los presupuestos provinciales”, afirmó el senador fueguino.

La propuesta, transformada en proyecto de ley, impulsa la distribución de ese excedente, que según Martínez supera los 5700 millones de pesos. Una cifra que el senador recabó de los informes del propio Ministerio de Economía: desde el déficit de los años ‘96 y ‘97 “cuando el menemismo repartía discrecionalmente estos fondos específicos entre sus amigos” hasta el superávit acumulado a partir del año 2000, y que sólo en 2007 tuvo un excedente de 1490 millones de pesos.

“Es cierto que en muchos casos las críticas situaciones económicas de las provincias tienen diversos orígenes, como la mala administración. Pero también existen dificultades serias en salud, educación y seguridad que no pueden ser resueltas sin la decisión política y el aporte de la Nación, que acumula el grueso de los recursos económicos”, sostuvo Martínez. Una postura que el jefe de los diputados rebeldes del ARI, Eduardo Macaluse, expuso en términos políticos: “Necesitamos una ley de coparticipación que dote de recursos propios a las provincias y que no sea sólo un recurso del gobierno para disciplinar políticamente a los gobernadores”.