Finalmente, el gobernador tucumano José Alperovich debió dar marcha atrás en la designación de Francisco Sassi Colombres como vocal de la Suprema Corte de Justicia provincial. Sassi Colombres fue funcionario de la última dictadura militar y –como informó este diario– Néstor Kirchner le recordó a Alperovich que el PJ reiteró su compromiso con los derechos humanos. Así, en tan sólo un fin de semana, el ex secretario de Gobierno y Fiscal de Estado designado por el interventor militar Antonio Merlo en 1982 debió resignarse a anunciar que hoy presentará formalmente la renuncia. El gobernador, por su parte, insistió en que Sassi Colombres “es un hombre de bien” y negó haber recibido presiones del gobierno nacional.

El viernes, tras la aprobación de su pliego en la Legislatura provincial, Sassi Colombres abandonó su cargo de Fiscal de Estado (pasados los años, Alperovich lo nombró nuevamente en el mismo cargo que Merlo), ya que tenía previsto asumir en la Suprema Corte este miércoles. Pero la situación alcanzó estado público, los organismos de derechos humanos levantaron la guardia y el gobierno se vio forzado a dar explicaciones. “Ante la repercusión en los medios nacionales, el doctor (por Sassi Colombres) me dijo que iba a renunciar porque privilegiaba el proyecto de gobierno antes que las apetencias personales”, aseguró Alperovich, para después añadir: “Eso habla de su hombría de bien. Es un gesto de grandeza que yo valoro mucho y celebro”.

Rodeado, Sassi Colombres le habría informado al gobernador de su renuncia el viernes por la noche. Se esperaba que el ex funcionario alegara razones de salud para explicar su dimisión. Pero, según publicó el diario La Gaceta, nada de eso ocurrió: “Tengo muy claro que intereses por todos conocidos han tratado de desprestigiar injustamente a mi persona durante los últimos días usando los métodos ya conocidos, la infamia y la calumnia”, contraatacó. Hombre del riñón del gobernador, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse, se limitó a señalar en conversación con Página/12 que “ahora hay que sacar a los que hayan estado en la dictadura”.

Sin embargo, al ser consultado sobre si hay actualmente más funcionarios en la misma situación que Sassi Colombres, Posse titubeó: “Me da la impresión de que no...”, dijo. De fondo, pesa sobre el Ejecutivo tucumano la alianza silenciosa que mantiene con Fuerza Republicana, el partido del represor Antonio Bussi.

Para los organismos de derechos humanos, la renuncia simboliza una victoria. “Estamos muy contentos. Que no asuma es una bocanada de aire fresco para la democracia en Tucumán. Era necesario que se dé una contundente señal pública de que no se van a permitir funcionarios de la dictadura”, afirmó Valentina García Salemi, de la organización de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Ciencias Sociales (Andhes).

Informe: Diego González.