Ex miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, formados en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y hoy abogados con óptimos contactos en la Justicia federal, integraron después del golpe de Estado de 1976 patotas del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, unidad del Ejército responsable de secuestros, torturas y desapariciones. Documentos de Prefectura y de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) –a los que accedió este diario– certifican los relatos brindados en el Juicio por la Verdad que instruye el Tribunal Oral Federal marplatense. El caso CNU es un ejemplo contundente del rol de civiles que colaboraron con el terrorismo de Estado a quienes el corto brazo de la Justicia aún no alcanzó: el único ex CNU con orden de captura permanece prófugo.

La CNU nació en La Plata. En 1969 llegó a la UCA de Mar del Plata. “Respondió a las inquietudes de los estudiantes peronistas que mancomunaron esfuerzos para rescatar la universidad asaltada en 1955 por la trenza del reformismo liberal marxista”, explicó uno de sus miembros en una entrevista de 1971 citada en Luna Roja, una investigación del abogado Carlos Bozzi. Adrián Feijó, que se abrió de la CNU en 1971, explicó que hasta entonces “respondía a la conducción estratégica de Perón y Rucci. Por desviaciones posteriores se la considera un movimiento parapolicial, oculto, ilegal, pero cuando ingresé en 1968 era un movimiento estudiantil de centroderecha vinculado con la Doctrina Social de la Iglesia, que se presentaba a elecciones en los claustros con la lista Martín Fierro”.

El 6 de diciembre de 1971, durante una asamblea en la universidad provincial, un grupo encabezado por Juan Carlos Gómez y Héctor Corres asesinó a la estudiante Silvia Filler. Cinco miembros de la CNU fueron procesados con prisión preventiva. En mayo de 1973 quedaron libres gracias a la amnistía de Héctor Cámpora. Desde 1975, los secuestros y ejecuciones de la CNU fueron moneda corriente. Siempre con zonas liberadas por militares y policías. A partir de las declaraciones recibidas desde 2001, el TOF pedirá en los próximos días a la Justicia federal la reapertura de esas causas.

“Purificar las facultades”

Durante la última dictadura, las delegaciones de Prefectura elaboraron informes detallados en respuesta al Plan de Capacitación contra la Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina (Placintara). Se dividían en factores, método que –según la investigación de espionaje en la base Almirante Zar– la Armada aplicó hasta el año pasado, y en teoría ya no realiza. Los informes de la delegación Mar del Plata llevan las firmas de su jefe, prefecto principal Juan Eduardo Mosqueda, que llegó a conducir la fuerza en 1985, y del jefe de informaciones, subprefecto Ariel Macedonio Silva. En junio de 1976, con el subtítulo “Factor subversivo”, apuntan que “la colaboración” de la CNU con el GADA 601 fue “indispensable para la identificación de los elementos de izquierda” y permitió “purificar las distintas facultades” de la universidad nacional.

El informe de octubre muestra la interna entre Fuerzas Armadas. Destaca “la efectividad de la Fuerza de Tareas 6” de la Armada en contraste con el GADA 601, cuyos miembros “efectuaron rastrillajes sin éxito”. Critica que “cada organismo militar actúa por su cuenta”. Destaca que “es evidente que la Fuertar 6 es la que mejor se ha movido y los resultados están a la vista”. Los resultados se medían en secuestros. Los desaparecidos para la sociedad estaban “a la vista” del subprefecto Silva. El GADA, en cambio, “no cuenta con personal capacitado en inteligencia” y “en un primer momento de esta guerra se valió de personas civiles que militaban en la Concentración Nacional Universitaria, que llegaron a actuar con total impunidad en la ciudad”. En un momento “la CNU fue dejada de lado por el GADA”, que “quedó sin la corriente informativa que las circunstancias aconsejan”. Silva no hablaba de oídas. En septiembre dejó constancia que “los efectivos de la Fuertar 6 cuentan con la colaboración de personal de esta Unidad desde que comenzaron los operativos”. Silva está denunciado como interrogador del centro clandestino que funcionó en la delegación del puerto de Prefectura. Aún está libre.

De las aulas a La Cueva

La Comisión Provincial por la Memoria, que desclasificó y gestiona el archivo de la ex Dipba, entregó este mes pruebas “que confirman la participación de civiles en el aparato represivo de Mar del Plata”, dijo su directora Ana Cacopardo. La primera, un informe de 1985 de la delegación Mar del Plata, incluye un detalle de miembros que distingue militantes de simpatizantes. Destaca a los “detenidos y procesados” por el homicidio de Filler en 1971: Horacio Luis Raya, Raúl Viglizzo, Alberto Dalmasso, Juan Carlos Gómez, los hermanos Marcelo y Beatriz Arenaza, y Eduardo Ullúa. Omite los crímenes de 1975 y dedica un párrafo al rol de la CNU: “Después del golpe de marzo de 1976, algunos colaboraron con el Ejército en la lucha antisubversiva, como (Eduardo) Cincotta, (Jorge) De la Canale, (Eduardo Salvador) Ullúa y (Mario Ernesto) Durquet. Posteriormente, y en razón de que se sospechaba eran autores de diversos delitos, comienzan a ser investigados y algunos se van del país, tal el caso de Dourquet”.

Si la Justicia investiga, es probable que la lista se agrande. Familiares de desaparecidos que fueron al GADA a entrevistarse con su jefe, coronel Pedro Barda, vieron a Ullúa y a Cincotta. Uno los vio “con carpetas debajo del brazo en la oficina de Barda”. Otro vio a Cincotta “con uniforme de fajina”. Un sobreviviente dijo que lideraba el grupo que lo secuestró. Cincotta fue secretario general de la universidad provincial, que desde 1975 es nacional. Allí gestionó las contrataciones como personal de seguridad de sus compañeros de la CNU: Ullúa, Durquet, Carlos “Flipper” González, Fernando Delgado y otros. Sus contactos con el Servicio de Inteligencia Naval le permitieron seguir en la universidad tras el golpe. Renunció en mayo de 1976. Luce en su estudio una distinción del Ejército por servicios “en la lucha contra la subversión”.

Testigos del Juicio por la Verdad vinculan a la CNU con el asesinato de María del Carmen Maggi, decana de Humanidades en la UCA, que tras el asesinato de Filler había expulsado al núcleo duro de la CNU. Maggi era mano derecha del obispo y rector honorario, Eduardo Pironio. Se discutía la unificación de la universidad provincial con la Católica. Los primeros pretendían que dejara fuera de carrera a docentes y no docentes de la UCA. Pironio y Maggi se resistían. Coca Maggi fue secuestrada el 10 de mayo de 1975 por jóvenes que se movilizaban en siete autos. La CNU repudió el secuestro para alejar sospechas, pero sus adherentes coparon ambas universidades y la Iglesia envió a Pironio a un destino seguro: Roma. Al mes del secuestro, el fiscal Gustavo Demarchi admitió que tenía “implicancias políticas”, pero dictaminó el sobreseimiento de la causa. Demarchi era coordinador académico de la universidad que empleaba a los CNU y Ullúa era oficial segundo de su fiscalía. El cadáver de Maggi apareció el 23 de marzo de 1976 enterrado en Mar Chiquita. Testimonios recogidos por el TOF sindican a Durquet, hoy radicado en La Plata, como autor material de su muerte.

Los muchachos

Eduardo Brito vio a Ullúa mientras esperaba con su padre que lo recibiera el mayor Alfredo Arrillaga, jefe de inteligencia del GADA. La patota del Ejército había dado vuelta su casa. El mayor lo interrogó y ordenó: “Hace pasar a los muchachos”. No pudo verlos, pero reconoció la voz de Ullúa. Arrillaga le informó que quedaba bajo libertad vigilada, pero debía presentarse todas las semanas. Al jueves siguiente vio a Ullúa bajar de un Falcon. “Soy personal civil afectado a tareas de inteligencia del Ejército”, le confió. Se conocían del barrio.

El suboficial retirado Orestes Vaello, que en 1973 saltó de la CNU al Batallón de Inteligencia 601, denunció que el “jefe del comando” de esa agrupación en Mar del Plata era Ullúa, en 1984 “propietario de la agencia de investigaciones Oasis, subsidiaria de Magíster, a la cual considera por pruebas que posee como cabecera de la Triple A”. Vaello adjudicó a la CNU el secuestro de Jorge Toledo en 1976. Su madre declaró que se lo llevó “un grupo de civiles al mando de Arrillaga” y que su destino fue La Cueva, el centro clandestino del GADA. En 1996, Ullúa fue condenado a 17 años de prisión por contrabando de drogas en la Operación Langostino. Su desconoce su paradero.

Durante un asado entre policías y sindicalistas en el destacamento 9 de Julio de la policía bonaerense, donde estaba secuestrado, Oscar González se encontró con el abogado Jorge de la Canale.

–¿Qué hace usted en esta comisaría? –preguntó González.

–Yo acá tengo amigos.

De la Canale defendió a Carlos Monzón en la causa por el asesinato de Alicia Muñiz, encabezó la organización de los Juegos Panamericanos en 1995 y dirige la Asociación Marplatense de Atletismo. La última vez que Barda fue trasladado a Mar del Plata lo visitó en la Policía Federal.

La conexión

El 22 de enero de 1980, al allanar un departamento, agentes de la policía bonaerense encontraron 16 panes de trotyl, detonadores, 6 metros de mecha y fotos de miembros de la CNU. Pronto supieron que un ex empleado de la inmobiliaria que debía alquilarlo, Juan Carlos Defalco, le había prestado las llaves a su amigo Luis Felipe Colombino. Ante la sospecha de que era “confidente del GADA” le informaron al Ejército que iban a arrestarlo. Colombino explicó que era dueño del salón de bailes Patio de Tango, donde trabajaba como vigilante “el sargento Castillo”, quien hasta 1979 se desempeñaba en la sala de armas del GADA. Castillo le pidió que lo guardara “para hacer un desmonte”.

La Dipba asentó que el jefe de subzona 15, coronel José Caridi, envió a su segundo al Cuerpo I para pedir instrucciones, “ya que el detenido es `colaborador’ de los mismos”. El enviado volvió con la orden de pedir las actuaciones y el detenido para “proseguir las averiguaciones”, que allí murieron. La publicación del hallazgo de “armas y explosivos” que “pertenecerían a un grupo subversivo” obligó al comando a desmentirlo. “El hecho no está vinculado con la subversión”, informó. El comunicado no aclaró que el tenedor del trotyl era un buchón de la CNU.

El informe de la Delegación Regional dejó asentado que Colombino y sus socios en Patio de Tango eran miembros de la CNU que con “otros jóvenes” tuvieron “especial actuación en la lucha contra el terrorismo y la subversión (...), lo que evidentemente los coloca en una relación cierta con elementos de las fuerzas legales, particularmente con hombres del Ejército. Estriba allí entonces la confianza que se exterioriza entre Colombino y Castillo (...) a tal punto que retira del lugar explosivos y otros efectos”. Uno de los dos socios era Osvaldo Forese, apodado “Paquidermo”, miembro de la banda de Aníbal Gordon que actuó en el centro clandestino Orlett. Forese murió en 1999. El segundo era Eduardo Ullúa, el asistente del fiscal Demarchi.