Los fiscales del juicio contra Luciano Benjamín Menéndez pidieron prisión perpetua para el represor, acusado por el secuestro, la aplicación de tormentos y el asesinato de cuatro militantes del PRT durante la última dictadura, y solicitaron además penas severas para otros siete imputados. Al formular el alegato, el fiscal Maximiliano Hairabedian sostuvo que los delitos investigados han sido “probados con total certeza” y que Menéndez fue su responsable máximo.

El juicio trata los homicidios de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, secuestrados entre el 6 y 8 de noviembre de 1977 y llevados al centro clandestino de detención La Perla. Tras ser sometidos a torturas durante más de un mes, todos fueron asesinados en un simulacro de enfrentamiento el 15 de diciembre de ese año.

En la audiencia, el fiscal Hairabedian rebatió los argumentos esgrimidos por Menéndez en una carta en la que reivindicó la represión. “En el Código de Justicia Militar no hay ni una sola disposición que permita hacer lo que acá se hacía, ni torturar ni fingir enfrentamientos armados u ocultar los cuerpos”, sostuvo el fiscal aludiendo al descargo del represor, quien al inicio del juicio había dicho que actuó siguiendo siempre la normativa militar.

La fiscal Graciela López Filoñuk se refirió por su parte al funcionamiento de La Perla. Señaló que allí “todos actuaban en todo, es decir que todos secuestraban, todos torturaban y todos mataban”. La fiscal describió al Grupo de Operaciones Especiales que estaba a cargo de La Perla como “un equipo feroz. Ellos secuestraban, torturaban, preparaban a las víctimas para los traslados y las mataban. Nunca se habló de que había un solo torturador, actuaban como patota. Salían cumpliendo distintas funciones que se las dividían en el momento, como se les presentaba la oportunidad. Hacían ablandes bastante duros al llevar a sus víctimas a La Perla. Cuando no hablaban lo suficiente, los llevaban a la parrilla”. El tercer fiscal, Fabián Asís, pidió disculpas a los familiares de las víctimas por la demora de tres décadas en hacerse justicia: “Les pido perdón en nombre de la institución que represento”.

Los fiscales solicitaron prisión perpetua para Menéndez y otros cuatro represores, los ex militares Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Oreste Padován y el ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. Se les imputa el secuestro, tortura y asesinato de las víctimas. Para Hermes Rodríguez, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141 y para Jorge Acosta, ex jefe operativo de La Perla, pidieron 22 años de prisión, y 18 para el ex militar Carlos Vega. En el caso de los tres últimos represores, la fiscalía pidió penas menores que la querella. Consideró que no son responsables de los asesinatos porque, según sus legajos, cuando se cometieron habían sido trasladados a otro destino o estaban de licencia.

El juicio es el primero que se realiza en Córdoba por los crímenes cometidos por la dictadura. El principal acusado, Menéndez, fue comandante del Tercer Cuerpo del Ejército desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979. El Tercer Cuerpo tenía centro en Córdoba, pero abarcaba a diez provincias del noroeste y de Cuyo. Menéndez fue el responsable de todos los centros clandestinos de detención que funcionaron en esas diez provincias, entre ellos La Perla, por donde pasaron más de dos mil doscientos secuestrados. Allí Menéndez implantó el método de hacer participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales de las unidades regulares para que, en un futuro, no declararan contra los torturadores. Todos debían quedar “manchados de sangre”.

Sobrino de un militar que participó en el golpe contra el primer peronismo, nieto de un militar que alentó la guerra con Chile en el siglo XIX, tío de otro militar que se rindió en las Malvinas, Menéndez se vanaglorió en las audiencias de haber librado “una guerra contrarrevolucionaria” y se quejó de estar siendo juzgado por “instituciones que existen gracias a nuestra lucha”.

Tras el retorno de la democracia, el represor fue procesado por cuarenta y siete homicidios, setenta y seis tormentos –cuatro seguidos de muerte– y cuatro robos de menores, pero fue desprocesado gracias a la ley de punto final. La ley alfonsinista no logró congelar todas las acusaciones abiertas en su contra, pero en 1990 Carlos Menem lo indultó en las causas que habían quedado abiertas. Este juicio llegó así 31 años después de que sucedieran los hechos. En la actualidad, Menéndez cumple arresto domiciliario en Córdoba, un beneficio al que accedió por tener 81 años. El jueves, durante su alegato, los querellantes pidieron que la condena incluya su traslado a una cárcel común.