Los aplausos iniciales alborotaron el Salón Blanco de la Casa de Gobierno apenas el locutor aludió el motivo del acto que tuvo lugar en el lluvioso atardecer de ayer: anunciar formalmente el comienzo del proceso de reestatización de Aerolíneas Argentinas. Arrancaron los representantes de los gremios pero enseguida se sumaron a la batida de palmas las prominentes figuras políticas presentes, desde el cuestionado Guillermo Moreno al sindicalista Hugo Moyano, pasando por el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Esas muestras de entusiasmo se produjeron en otras varias ocasiones mientras Julio De Vido y Cristina Fernández de Kirchner, oradores en ese orden, explicaron por qué el Estado tiene que hacerse cargo de una empresa destruida, dieciocho años después de que fue privatizada.

“Me hubiera gustado que esto no tuviera lugar. Que quienes hicieron la gestión lo hubieran hecho de manera exitosa”, arrancó la Presidenta, dejando en claro que a su gobierno no lo mueve ninguna vocación estatizadora. Fue luego que se acallaran los vítores de “Cristina, Cristina”, que corearon algunos representantes de los gremios antes de su intervención, que concluyó con una apelación a los trabajadores para que colaboren con la difícil etapa que se inicia bajo la gestión pública. Por la mañana, los españoles Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, en representación de Marsans –accionista privado– y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y De Vido –por el Estado– firmaron el acuerdo por el cual ese grupo privado (a través de Interinvest, la sociedad jurídica radicada en Argentina con la que opera la empresa) manifiesta su voluntad de “vender” la totalidad de acciones en su poder de Aerolíneas y Austral. Pero para realizar esa operación aún faltan varios pasos a concretar en un máximo de dos meses, durante los cuales la empresa estará gerenciada por un consejo mixto que liderará Julio Alak en nombre del Estado.

En ese lapso, y a través de la contratación de consultoras, las partes tendrán que ponerse de acuerdo acerca de cuánto valen Aerolíneas y Austral y cuál será el modo de pago que utilizará el Estado, hoy uno de los principales acreedores del grupo. Al mismo tiempo, se pedirá el aval del Congreso, que deberá autorizar esa compra de acciones y la eventual reapertura de la compañía al sector privado. Sólo luego de esto podría formalizarse la reestatización propiamente dicha.

Sea como fuere, para el accionista privado se trata de una salida más que honrosa. Entre los hitos de la dramática historia de la línea privatizada, el titular de Planificación recordó que el operador privado entró al negocio en el 2001 con un subsidio del Estado español. Luego subrogó créditos y compró pasivos concursales con el dinero estatal. Finalmente, los capitalizó y hoy vende al Estado argentino las acciones obtenidas de este modo.

“Hacemos pública una decisión estratégica: la recuperación y reconstrucción de nuestra querida Aerolíneas”, proclamó De Vido, la primera vez que arrancó aplausos en el auditorio. Luego justificó el porqué de esa tarea reconstructiva en ciernes. La empresa tiene una deuda post concursal de 890 millones de dólares; sólo 27 aeronaves en funcionamiento de los cuales apenas seis son propios y alquilados a Austral; 20 destinos internacionales y apenas nueve oficinas propias en el exterior y ningún simulador. Antes recordó la historia de ese debacle, pródiga en concesiones a los adjudicatarios que de nada sirvieron para mejorar el servicio. Muy por el contrario.

Los propios términos económicos de la privatización encarada por el menemismo hacen más patente el desastre a la luz de la operación que se está por concretar ahora. Según recordó el ministro, Aerolíneas se vendió a un consorcio encabezado por Iberia por 560 millones de dólares, de los cuales sólo 260 se integraron en efectivo (el resto fue a través del mecanismo de capitalización de deudas).

Este último importe equivale sólo a la porción de deuda exigible inmediatamente y de la que se hará cargo el Estado, que ya asumió de hecho la cobertura de todos los gastos operativos, aun antes de que se formalice la transferencia accionaria. Jaime encontró un consuelo: unos 140 millones corresponden a pasajes vendidos y no volados, por lo que para extinguir esa obligación no hay que aportar billetes.

Escucharlo a De Vido sintetizar la historia de esta fracasada privatización producía tanto desazón como la idea oficial de insistir en otra, después de que el Estado haga el esfuerzo de sanearla. Como hizo hace casi dos décadas, cuando para venderla asumió el pasivo. Sólo uno de los favores a los adjudicatarios, que hasta tuvieron el permiso de cargar sobre la propia Aerolíneas la deuda contraída para comprarla.