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La ministra de Defensa Nilda Garré denunció a la Justicia por asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica a más de ochenta civiles y militares y ordenó al general Roberto Bendini el pase a disponibilidad de los militares imputados que siguen en actividad. Entre los presuntos responsables hay cuatro generales, muy próximos al jefe de Estado Mayor del Ejército, dos de ellos en actividad y en altos cargos. La denuncia se extiende “a quien o quienes surjan como penalmente responsables con el devenir de la investigación y del proceso”. Las auditorías prosiguen en otras dependencias del Ejército en las que se sospecha la utilización de los mismos métodos fraudulentos.

También fueron acusados cinco coroneles, seis tenientes coroneles, siete mayores, dos capitanes, un teniente 1, siete suboficiales y cincuenta y un civiles. En varios casos, los civiles tenían relaciones familiares o comerciales con miembros del Ejército. Veintitrés de los treinta y un militares acusados están en actividad, entre ellos el director de Personal del Estado Mayor, general Mario Fernando Troncoso, y el Comandante de Intendencia, general Eduardo Salvador Gibelli. También integran la nómina el director de estudios históricos, general Héctor Mario Giralda, quien estaba en retiro pero había sido convocado a la actividad por el artículo 62 de la ley orgánica del personal, y el ex Comandante de Operaciones Terrestres, general Raúl Horacio Gallardo. Antes de ese Comando, Gallardo fue director del Colegio Militar. En marzo de 2004, Gallardo expresó su desacuerdo con la decisión del presidente Néstor Kirchner de descolgar los cuadros de los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone de la galería de ex directores del Colegio Militar. En mayo de 2006, permitió que una señora se acercara a gritar insultos al entonces presidente Néstor Kirchner. Gallardo también debe responder ante la justicia federal de Catamarca por el secuestro y la desaparición forzada de los hermanos Griselda y Francisco Ponce y del sobrino de ambos Julio Genaro Burgos, el 6 de abril y el 15 de diciembre de 1976. Gallardo era asistente personal del general (R) Carlos Lucena, quien entonces era comandaba el Regimiento de Infantería 17. Según el fiscal de la causa, Santos Reinoso, Gallardo “era el jefe de la compañía que llevaba a cabo los operativos”. En los tres casos Bendini intercedió por Gallardo, para que se postergara la fecha de su indagatoria en Catamarca y para que no pasara a retiro, cosa que ocurrió al asumir el actual gobierno.

Las 25 muestras

La presentación del ministerio de Defensa, presentada esta semana ante la Cámara Federal y que por sorteo correspondió al juez Rodolfo Canicoba Corral, se basa en el análisis de veinticinco contrataciones realizadas en 2007 en tres dependencias del Ejército, elegidas al azar, como parte del programa anual de auditoría. Su resultado sugiere “una manipulación sistemática” de los procedimientos establecidos, con el propósito de “favorecer a determinadas empresas” que formaban un club de ventas que se repartía las adjudicaciones, el empleo de “una metodología idéntica y la participación de actores comunes para dar apariencia de legalidad a veinticinco procedimientos contractuales irregulares provocando un grave perjuicio a la administración pública”. Esas contrataciones directas, licitaciones públicas y licitaciones privadas fueron diseñadas y tramitadas en el Comando de Operaciones Terrestres, cuyo jefe era el general Gallardo; en el batallón de Intendencia 601 y en la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército. En los expedientes se comprobaron desdoblamientos de contrataciones de los mismos bienes y servicios para efectuar compras de menor monto y evitar controles; falsificación de firmas, adulteración de documentos públicos, adjudicaciones a oferentes con dudosa situación fiscal y sin experiencia previa en los rubros a adquirir, y adjudicaciones sin los correspondientes dictámenes técnicos y jurídicos. Esos hechos “excederían la comisión de delitos específicos en el marco de la tramitación aislada de cada expediente contractual y darían cuenta de la existencia de una estructura destinada a delinquir en la órbita del Ejército y de la cual estas tres unidades sólo serían una parte”. En todos los casos se procedió del mismo modo. Las invitadas a presentar ofertas eran siempre las mismas empresas unipersonales inscriptas ante la AFIP como monotributistas, vinculadas entre sí por lazos comerciales o familiares, entre sí y/o con funcionarios del Ejército intervinientes. Varias de ellas se presentaban en cada convocatoria a retirar los pliegos de las contrataciones y presentar ofertas con diferentes precios por los mismos renglones o por diferentes ítem requeridos en el pliego. Los requisitos legales de publicidad para cada trámite obligan a invitar a no menos de tres empresas para las contrataciones directas y a cinco en las licitaciones privadas, y el Ejército les adjudicaba las contrataciones a sabiendas de que las diferentes personas físicas que presentaban ofertas constituían la misma empresa. Los auditores detectaron la vinculación entre las empresas o los diferentes ropajes jurídicos de una misma empresa cotejando los datos consignados por los propios oferentes con los registrados en la AFIP, la ANSES y la Oficina Nacional de Contrataciones. En los distintos casos investigados varias personas compartían el mismo domicilio, teléfono de línea, celular o casilla de correo electrónico; presentaban constancias de pago del monotributo del mismo día y hora en la misma sucursal bancaria; un adjudicatario firma la certificación de cuenta bancaria de otro. Once monotributistas, cuyo límite de facturación oscila entre 12.000 y 72.000 pesos por año, realizaron en ese lapso ventas al Ejército que van de 73.000 a 662.000 pesos. Algunos adjudicatarios habían sido dados de baja como monotributistas y otros se inscribieron después de la adjudicación. Otros trece proveedores que no registran impuestos activos ante la AFIP o cuyo domicilio fiscal es inválido, realizaron ventas al Ejército por más de tres millones y medio de pesos. En ningún caso hubieran debido aceptarse sus ofertas. Una proveedora inscripta en el rubro papelería y librería cotizó para mantenimiento de edificios y venta de cuero y fue contratada para desamurar ventanas, arreglar paredes y pintarlas. Un inscripto como proveedor de vigilancia y seguridad y otros del rubro ferretería cotizaron para la venta de cueros. Un inscripto en informática cotizó el cosido de botas y otro inscripto en plomería fue contratado para confeccionar ese calzado.

Puesta en escena

La presentación del ministerio de Defensa sostiene que los funcionarios realizaban una puesta en escena. Tanto la Dirección de Asuntos Históricos como el Comando de Operaciones Terrestres y el Batallón de Intendencia 601 sólo invitaban a participar a miembros de grupos de proveedores vinculados entre sí y con miembros del Ejército. Esto no podía ser ignorado por los funcionarios, que estaban obligados a verificar la inscripción de las empresas en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO). En los distintos expedientes abundan las pruebas sobre este conocimiento. En la contratación directa 100/07 del Comando de Operaciones Terrestres se invitó a presentar ofertas a tres proveedores distintos con el mismo domicilio. En la licitación privada 4/07 de la Dirección de Asuntos Históricos se entregaron en mano invitaciones a dos proveedores en un solo domicilio. En la licitación privada 10/07 del Batallón de Intendencia 601 se envió la invitación a un proveedor al mismo domicilio en el que otro había recibido la suya en la licitación anterior. En la licitación pública 02/07 del mismo organismo un proveedor firmó el recibo de la invitación a otro proveedor. En la licitación privada 12/07 del Batallón los remitos que acreditan la presentación de muestras de las mercancías de cinco proveedores fueron confeccionados en la misma imprenta. En la licitación pública 01/07 del Batallón cuatro oferentes presentaron como garantía de sus ofertas pólizas de seguros de la misma empresa (Fianzas y Crédito S.A.) y las cauciones de tres de ellos se contrataron el mismo día, con el mismo productor de seguros y fueron certificadas por el mismo escribano Hernán Horacio Rubio, e inscriptas en la misma acta y libro notarial en folios correlativos. Los auditores también verificaron la existencia de firmas falsificadas y documentos adulterados. Según los casos,

- distintos oferentes presentan documentación redactada con idéntica caligrafía,

- un mismo proveedor firma de diferentes maneras en distintos documentos de un mismo expediente o en diferentes expedientes.

- hay errores de ortografía en los nombres y apellidos en la documentación que los mismos oferentes presentaron: Nancy Ardenghi escribe Ardengui, Carlos Alvaro Tomás coloca su apellido como si fuera un nombre, la documentación de Antonio Speranza consigna su apellido como Esperanza. Estas falsificaciones eran consensuadas con los oferentes, dado que tanto ellos como los funcionarios se beneficiaban con la aceleración del expediente. En ninguno de los veinticinco expedientes hubo impugnación alguna por parte de algún oferente.

- se desdoblaban las contrataciones en vez de unificarlas para obtener mejores precios por mayor cantidad de bienes o servicios.

- se adulteraban documentos en los expedientes, que eran foliados, refoliados y defoliados a conveniencia.

- con frecuencia las ofertas e incluso la adjudicación figuraban en fecha anterior a la convocatoria. Algunos proveedores presentaron la garantía antes de que se les adjudicara la contratación. A otros les compraron bienes que según consta en el propio expediente no cumplían con las especificaciones del pliego. Otros no presentaron la declaración jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública o de inexistencia de deuda provisional exigible o de juicios contra el Estado. En una licitación privada la Comisión Evaluadora propuso siete adjudicaciones por 265.000 pesos, el Comandante de Intendencia dispuso adjudicarlas por 290.000 pesos pero las órdenes de compra se emitieron por el primer monto.

El método, consensuado con los proveedores, consistía en invitar a cotizar a varias firmas de cada grupo, para aparentar la publicidad de los procedimientos. Pero como los oferentes eran siempre los mismos y se ponían de acuerdo sobre quien presentaba ofertas en cada caso “se monta una ficción de cumplimiento de la norma que pasaría desapercibida ante el análisis de cada contratación en particular”. Para evitar intromisiones no se comunicaban las convocatorias a las asociaciones de prestadores, productores, fabricantes y comerciantes de los distintos rubros.

Mejor tres que uno

El artículo 51 del reglamento general de contrataciones aprobado por decreto presidencial prohíbe el desdoblamiento de las contrataciones y responsabiliza a los funcionarios que en un lapso de tres meses efectúen más de una convocatoria para seleccionar bienes o servicios de un mismo rubro comercial, sin documentar razones que lo justifiquen. En tres días de 2007 el Batallón de Intendencia 601 convocó a tres licitaciones privadas distintas para comprar cuero destinado a la fabricación de botas. Desdobló así una contratación por 684.000 pesos en tres distintas. De este modo eludió pedir el precio testigo a la SIGEN, que se exige para contrataciones de 450.000 pesos o más, y la convocatoria a una licitación pública, que se aplica cuando la contratación supera los 300.000 pesos. El mismo procedimiento se aplicó a una licitación privada, una contratación directa y una licitación pública, por un total de 593.000 pesos, para la compra de accesorios plásticos que se utilizan en la confección de carpas. La jefa de la asesoría jurídica del Comando de Intendencia, capitana auditora María Alejandra Camps detectó la maniobra y dejó constancia en el expediente. Pero el general Gibelli, comandante de Intendencia, autorizó la contratación de todos modos. La misma conducta siguió el general Gallardo en el Comando de Operaciones Terrestres. Entre el 7 de agosto y el 26 de noviembre de 2007 autorizó a convocar trabajos de albañilería por 300.000 pesos, divididos en cinco contrataciones directas distintas, para los mismos edificios. En Asuntos Históricos, el general Giralda desdobló contrataciones por 335.000 pesos, adjudicadas a los mismos proveedores con dos días de diferencia.

Caridad bien entendida

La auditoría descubrió vínculos comerciales y familiares entre algunos oferentes y los militares que participaban en las adjudicaciones. El capitán Víctor Hugo Tolosa tiene el mismo domicilio y teléfono que el oferente Mariano Tolosa. También lo comparten con la empleada de la Contaduría del Ejército María Fernanda Iglesias, que proveyó bienes al Ejército por 123.000 pesos en 2007. El sargento Alberto Armendáriz tiene el mismo domicilio que el proveedor Fernando Rosso. El suboficial Miguel Valenti tiene el mismo domicilio que la proveedora Sandra Avalos; el suboficial Juan Carlos González el mismo domicilio que la proveedora Mercedes Mura; la proveedora Fany Luna declara la casilla electrónica del suboficial de contabilidad y finanzas Daniel Zarratea; el teniente coronel José Fermín García estuvo casado con la proveedora María Luisa Macedo y es padre de tres proveedores García Macedo. El mayor Jorge Baffigi comparte el domicilio con tres oferentes y el mayor Mario Torre con otros dos. El suboficial Domingo Tudor tiene el mismo domicilio y teléfono que la proveedora Mabel Tudor.

Modus operandi

La presentación oficial sostiene que dada la habitualidad y la utilización de un mismo modus operandi en tres dependencias diferentes “resulta necesario iniciar las investigaciones tendientes a identificar la constitución de una asociación ilícita en el Ejército, con el objeto de beneficiarse económicamente mediante maniobras defraudatorias en perjuicio de la administración pública”.