El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, pidió el procesamiento del jefe de la Armada, Jorge Godoy, y del resto de la cúpula de la Marina por considerarlos los máximos responsables de la inteligencia ilegal en la base Almirante Zar de Trelew. “Era imposible que los jefes de la Armada no estuvieran al tanto de las actividades de espionaje ilegal que se realizaban dentro de esta fuerza”, planteó en el escrito, en donde también le pidió al juez Hugo Sastre que rechace el fallo de la Cámara Federal porteña que ordenó que Godoy y su segundo, Benito Rótolo, deben ser juzgados en Buenos Aires. Sastre deberá definir si procesa a los marinos –lo que podría terminar con los días del almirante a cargo de la Armada– o si espera a que se resuelva el conflicto de competencia. Tiene tiempo hasta el lunes, cuando se vencen los tiempos procesales.

La causa por espionaje se inició en marzo de 2006 con la denuncia del cabo Carlos Alegre, que integraba el equipo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer espionaje ilegal. La Justicia hizo allanamientos y requisó fichas de funcionarios del gobierno nacional y del provincial, así como seguimientos a organismos de derechos humanos, dirigentes sociales, indigenistas y miembros de la comunidad árabe. La ministra de Defensa, Nilda Garré, separó de su cargo a dos de las máximas autoridades de la Marina, pero dejó en su lugar a la cúpula. “Es un hecho aislado”, afirmó en defensa propia Godoy, quien ordenó que la Marina se presentara en la causa con un planteo sobre un sistema de encriptamiento que la paralizó por un año. Finalmente, fueron procesados 12 marinos.

Este año, el CELS pidió que se imputara a Godoy y al resto de la cúpula por haber firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN) 2005, un documento en el que daba vía libre al espionaje ilegal a través de los conceptos de “amenazas asimétricas” (que incluyen el terrorismo, el narcotráfico “y cualquier otra cosa que como tal se manifieste”) y de “comunicación institucional”, que habilitaba las acciones de inteligencia que buscaran salvaguardar la imagen de la Armada.

Godoy se presentó ante el juez federal porteño Daniel Rafecas para pedir que se trasladara la causa a Buenos Aires. El magistrado rechazó la solicitud, pero la Sala II de la Cámara Federal le dio la razón y ordenó que se envíe una copia de los expedientes para que Godoy y Rótolo sean juzgados en la Capital. Hasta ayer, no había llegado a Rawson ningún exhorto de Rafecas pidiendo que le remitan la causa. Cuando llegue, si Sastre lo rechaza, deberá definir la Cámara de Comodoro Rivadavia, la misma que procesó al ex jefe del Ejército Roberto Bendini.

En su escrito, el fiscal Gelvez pidió el procesamiento de la cúpula por “abuso de autoridad con modalidad de delito continuado” –un delito excarcelable y con una pena baja– y presentó argumentos a favor de la competencia del juez Sastre: sostuvo que la Cámara de Comodoro Rivadavia ya resolvió a favor de la jurisdicción de Chubut varios planteos que presentó el ex director de Inteligencia Naval Pablo Rossi, que trabajaba en la base de Puerto Belgrano. El mismo criterio rige –a juicio del fiscal– para Godoy y Rótolo.

Gelvez relevó el organigrama de la inteligencia naval y razonó que la cúpula de la Armada no podía ser ajena a lo que ocurría, dado que como en toda Fuerza Armada, el espionaje está regido por una cadena de mandos que tiene como vértice al jefe de la fuerza. Advirtió que en la indagatoria el jefe de la base, Miguel Fajre, reconoció que los espías de la Armada no hacen tareas de inteligencia “por sí solos”. “Nosotros en la Marina trabajamos por órdenes y por planes”, aseguró el capitán de navío. El fiscal recordó que en el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia que ratificó el procesamiento a los 12 marinos involucrados en la primera parte de la causa, se decía que eran los responsables “entre otros”.

Señaló que las direcciones de inteligencia respondían tanto a Godoy como a Rótolo –algo que en la jerga interna se conoce como “doble gorra”– y que su objetivo es proporcionar al militar al mando información para tomar decisiones. Entre los documentos de la causa, hay un seguimiento detallado a la dirigencia política y social de Puerto Madryn, que se hizo poco antes de que Godoy asistiera a esa ciudad a firmar un convenio por el que intercambiaba tierras con el municipio. En su indagatoria, Godoy reconoció que hizo personalmente las gestiones por ese terreno.

Gelvez también recordó que los nombres de otros imputados aparecen como destinatarios de varios de los partes de inteligencia. Así, al contraalmirante Luis De Vicenti estaban dirigidos diversos informes sobre los homenajes a los fusilados en la masacre de Trelew, incluido un seguimiento de las actividades de los familiares, cuando se les permitió la entrada a la base Almirante Zar, donde fueron fusilados los 16 presos políticos. Al capitán de navío Carlos Ruda, que era jefe de la Central Principal de Inteligencia (CEIP), estaban destinados una serie de seguimientos a charlas organizadas por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, también sobre los fusilamientos en la base de la Marina.