La causa por la desaparición de Julio López parece encaminada en sentido contrario a su esclarecimiento. Los organismos de derechos humanos querellantes, miembros de Justicia Ya!, le pidieron al juez Arnaldo Corazza que rechace el plan presentado por la Policía Federal, que pretende aplicar técnicas de “perfilación criminal” para “orientar y circunscribir las hipótesis” del caso, “centrándose en la persona de López”. A criterio de los querellantes, la iniciativa de la Federal de “estudiar psicológicamente en forma retrospectiva a Jorge Julio López, y por extensión a su entorno socio-familiar, instala nuevamente la lógica del ‘algo habrán hecho’ propia de la dictadura, e intenta hacer recaer las sospechas y aun la culpabilidad de su propia suerte en la víctima, desresponsabilizando al victimario”.

Corazza ya desestimó una denuncia del abogado de la familia de López, que pretendía averiguar quiénes de los que participaron en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz –jueces, fiscales y abogados– omitieron proteger el testigo. Los querellantes aspiran a que el magistrado haga lo mismo con el planteo policial de investigar a la víctima.

Justicia Ya! entregó en el juzgado una declaración de numerosas organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, profesionales, estudiantiles y políticas, en la que le reclamaban que rechazara in limine “la insólita pretensión de iniciar una causa penal contra los jueces y fiscales que actuaron en el juicio” al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, y “contra los abogados del colectivo Justicia Ya! que patrocinaron a López, por no haber impedido su secuestro”. Además de desestimar esa denuncia, tal como dictaminó el fiscal Marcelo Molina, el juez rechazó como querellante a la fundación Soporte, codenunciante junto con los abogados Alfredo Gascón y Hugo Wortman Jofré.

La Federal propone hacer una “autopsia psicológica” (exploración psicobiográfica de las conductas y vida anímica) del testigo desaparecido hace dos años, con el fin de establecer las causas de su ausencia “voluntaria o involuntaria”. Según el escrito al que tuvo acceso PáginaI12, el equipo conformado por la Federal, la policía judicial de Córdoba, la Gendarmería Nacional, la Universidad de Buenos Aires y la Policía de Investigación Criminal Alemana BKA se centraría en las “características de la personalidad de López, círculos de relación, ámbito de retracción social, hábitos y costumbres, a fin de reconocer posibles cambios de rutina o situaciones de estrés o indicadores para sospechar los motivos de su ausentismo”. También se proponen evaluar su estado mental y si estaba en condiciones de “reconocer situaciones de riesgo”.

En el planteo con que rechazan este plan, Graciela Rosenblum (LADH), Nilda Eloy (AEDD) y Myriam Bregman (Ceprodh), con el patrocinio de Guadalupe Godoy, sostienen que “poner en duda la razón de la ‘ausencia’ de López niega el mismo objeto procesal de esta causa e incluso la competencia federal”, decidida por la Corte Suprema. Las querellantes adjuntaron notas de las autoridades de la Facultad de Psicología de la UBA, que niegan conocer la propuesta y haber participado de la misma. Asimismo incorporaron tres dictámenes profesionales, producidos por el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (Eatip), por el psiquiatra y psicoanalista Alfredo Grande, y por la Secretaría de Derechos Humanos. “Poner el énfasis en la víctima, la responsabilidad en el propio desaparecido, es una concepción aberrante y antiética”, escribió Fabiana Rousseaux, del programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, al igual que la Federal. Según la experta, las técnicas forenses propuestas por la Federal nacieron en los Estados Unidos en los ’50 para casos que nada tienen que ver con éste. Además, el profesional mencionado se especializa en “asesinos seriales”.

Aunque el abogado Gascón y el propio juez consideren que los criterios penales modernos autorizan a investigar a la víctima, los querellantes afirmaron que esto “constituye una afrenta a su memoria, retraumatiza a los deudos y relativiza la verdadera causa de la desaparición de López: su testimonio en el juicio al represor Etchecolatz”. También destacaron que “investigar a los allegados a López es una verdadera agresión psicológica a los mismos, los coloca subjetivamente en un lugar de sospecha y de responsabilidad sobre la desaparición de su propio ser querido”. Para Godoy, hacer una “autopsia psicológica” de López “implica clausurar la investigación sobre dónde está López y volver a la etapa inicial donde se pensaba que se trataba de un viejito perdido o extraviado, o que estaba con su tía, como dijo en ese momento el ministro Fernández”.