La jueza María Romilda Servini de Cubría le requirió a Felisa Miceli que justifique el origen de los 200 mil pesos que aparecieron el año pasado en una bolsa en el baño del despacho que ocupaba en el Palacio de Hacienda. Se trata de una medida que los magistrados sólo suelen tomar cuando consideran que existe un alto grado de sospecha de que un funcionario se enriqueció ilícitamente, un delito que prevé hasta seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La ex ministra de Economía ya está procesada por la sustracción del acta policial que documentó el hallazgo del dinero y por encubrir su origen ilícito.

La decisión de Servini responde a una indicación que le dio la Sala II de la Cámara Federal cuando confirmó el procesamiento de la ex ministra por ocultar pruebas y encubrir un posible lavado del dinero que fue encontrado en su poder. El tribunal sugirió que se profundizara la investigación sobre “la situación patrimonial”, dada “la función pública que desplegaba Miceli al momento del hecho”. Al ser indagada, ella dijo que un hermano le había prestado la plata para hacer una operación inmobiliaria que luego se frustró. Esta explicación no conformó a los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun ni a la jueza federal.

A diferencia del común de los delitos, en el de enriquecimiento ilícito es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia explicando cómo obtuvo su fortuna mientras ocupaba algún cargo público y no la Justicia la que debe demostrar su culpabilidad. Los investigadores parten de un análisis de los bienes y cuando creen que hay un fuerte grado de sospecha le “requieren” que “justifique” cómo obtuvo sus bienes. La mayoría de los defensores suele plantear la inconstitucionalidad de esta figura. Aun así, ya hubo casos conocidos que llegaron a condenas. Uno de ellos es el de María Julia Alsogaray, a quien incluso le dieron una pena de tres años de cumplimiento efectivo. Otro es el del ex presidente del Concejo Deliberante porteño José Manuel Pico, que fue condenado a cinco años.

Miceli deberá rendir cuentas sólo por los 200 mil pesos y no por otros aspectos patrimoniales. El escándalo que puso fin a su carrera como ministra se armó en junio de 2007, cuando se supo que una inspección de rutina de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal encontró la bolsa de papel madera colgada en un placard en el baño contiguo a la oficina que ocupaba en el ministerio. Había, en rigor, 31.670 dólares y 100 mil pesos. Los pesos estaban en un envoltorio termosellado y con una faja que los identificaba con el número de lote 38.057 del Banco Central de la República Argentina. Esto permitió rastrear que habían pasado por la Caja de Crédito Cuenca. La salida del dinero de esa entidad, según un peritaje, no estuvo documentada pero existió.

En su momento, los camaristas avanzaron en señalamientos sobre la procedencia del dinero, que describieron como “una operación irregular e ilícita cuya existencia (Miceli) cuanto menos sospechó, (...) en franca violación a normas de prevención del lavado de dinero que la imputada, en virtud de su cargo de ministro de Economía, mal pudo haber desconocido”.

Estos indicios acerca de la procedencia dudosa del dinero son los que complican a Miceli, que deberá lograr una justificación convincente frente a Servini. Entretanto, su procesamiento por haber sustraído el acta policial original del momento del hallazgo del dinero y por el encubrimiento de una posible operación de lavado fue apelado con un recurso extraordinario por la ex funcionaria ante la Corte Suprema.