El juez federal Claudio Bonadío prohibió, a través de una medida cautelar, que las AFJP realicen por una semana operaciones financieras con los fondos que administran de sus afiliados. El objetivo es que no modifiquen la composición de su cartera de inversiones mientras comienza la investigación sobre una denuncia radicada ayer por el fiscal federal Guillermo Marijuán. Tal como anticipó PáginaI12, el fiscal planteó serias sospechas de que las administradoras salieron “a vender sus activos en la Bolsa de Valores y Mercado de Capitales” ante los primeros trascendidos sobre la decisión del Gobierno de eliminar el sistema privado de jubilaciones. El resultado de esas maniobras especulativas, advierte Marijuán, se reflejó en la caída abrupta de la Bolsa y del valor de los bonos.

La presentación del fiscal revela, textual, “la posible comisión del delito de administración fraudulenta por parte de los responsables de las AFJP, no sólo en perjuicio de sus afiliados sino del Estado nacional”. Todo indica, dice, que iniciaron operaciones financieras –en especial, vendiendo títulos públicos y comprando dólares en el mercado cambiario– “dilapidando los fondos en clara violación a las disposiciones vigentes”. Ya el lunes, señala Marijuán, eran elocuentes las cifras que mostraban una “abrupta caída de los mercados locales reseñándose por los matutinos que los bonos cayeron hasta un 12,5 porciento y la Bolsa un 3,3 por ciento”. Ayer los títulos cayeron hasta un 18,6 por ciento y el Merval, 11 por ciento (ver nota aparte).

Para preservar los ahorros (de sus clientes) que las AFJP custodian y frenar una movida con aires de represalia política destinada a generar caos financiero, el fiscal pidió que la Justicia bloqueara los movimientos de activos de estas empresas que hasta ahora manejaban las jubilaciones privadas, para “evitar serios e irreparables perjuicios”. El expediente le tocó al juez Bonadío, quien inmediatamente hizo lugar a la medida cautelar “de manera provisoria”, explicaron allegados al juzgado. Mientras tanto le giró el expediente al fiscal designado para el caso, Miguel Angel Osorio, quien deberá decir si hay motivos y cuáles son para impulsar una pesquisa.

Marijuán hizo la denuncia como titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), que monitorea posibles delitos cometidos en ese ámbito. El documento, al que accedió este diario, pide poner bajo la lupa a todas las administradoras: Arauca Bit, Consolidar, Profesión Auge, Futura, Previsol, Máxima, Met, Nación, Orígenes y Unidos. No individualiza a las personas que podrían estar implicadas sino que pide que el juez y el fiscal que intervienen lo hagan y que, además, analicen las responsabilidades que “pudo caberles a los funcionarios a cargo de la Superintendencia de AFJP”, que realiza el control sobre las inversiones de las administradoras.

“Es menester investigar si la conducta evidenciada por los responsables de las AFJP en el manejo de sus inversiones, cuando se conociera que el Estado nacional iba a reformar el sistema jubilatorio, tuvo como propósito llevar adelante un negocio que podría ser o no rentable, o bien realizar una acción posiblemente ilícita en fraude de sus administrados”, dice la presentación. La hipótesis es que, en violación a la ley 24.241 (creadora del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), se hayan abandonado las inversiones “con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados” que exige la norma “para encontrarnos frente a un vaciamiento o una administración infiel”.

Las primeras medidas que podría tomar la Justicia en la investigación penal, a pedido de Marijuán, serían allanamientos a todas las AFJP para rescatar “prueba documental de interés”; un requerimiento al Mercado de Valores y al Mercado Abierto Electrónico para que informe urgente “la totalidad de las operaciones financieras realizadas por las administradoras en los últimos siete días”; y un pedido idéntico para el Banco Central, Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de AFJP. Si la causa judicial avanza, quienes queden implicados podrían recibir penas de hasta seis años de prisión.