El caso llegó por unos instantes a la televisión, pero nada cambió. La Corte Suprema confirmó la extradición de los seis presos paraguayos, acusados de “haber participado de las reuniones del grupo que secuestró a Cecilia Cubas y luego le quitó la vida”. Los militantes del Movimiento Campesino y del partido Patria Libre de Paraguay sostienen que la causa fue “armada” como parte de una “persecución política” y por eso llevan 68 días de huelga de hambre para pedir su liberación. Salieron de su país en medio de matanzas de dirigentes campesinos y llegaron a Buenos Aires en mayo de 2006 en busca del asilo político que la embajada argentina les había asegurado que obtendrían. Ayer fue ratificada la decisión del juez federal Ariel Lijo de extraditarlos a Paraguay. El último recurso que les queda está, según la ley, en manos de la Presidenta.

Ni la fugaz aparición de militantes de Quebracho en su apoyo en el programa Televisión Registrada, que podría haber generado al menos la curiosidad sobre su situación, ni los centenares de firmas que presentaron los organismos de derechos humanos y varios Premios Nobel, como tampoco las marchas o los cortes de accesos, modificaron la resolución de la Justicia argentina, que consideró que “no existe relación entre la pertenencia de los extraditables a una agrupación política radicalmente opuesta al partido gobernante (al momento del dictado del pedido de captura) y el hecho de que los extraditables hayan sido imputados en el proceso paraguayo”.

Los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carmen Argibay dijeron que “comparten y hacen suyos” los fundamentos del dictamen del fiscal Luis González Warcalde, quien rechazó todos los argumentos de la defensa de los paraguayos; la intencionalidad política del pedido de extradición, el peligro para su integridad física y su vida por las condiciones carcelarias en Paraguay y el “procedimiento irregular” de las autoridades judiciales de ese país. Warcalde –quien apoyó la pretensión del represor Luis Patti de asumir su banca de diputado y nunca ocultó su amistad con quien lo nombró, el ex presidente Carlos Menem– sólo mencionó que “la Corte puede disponer por intermedio de la Cancillería la entrega en condiciones que preserven la seguridad personal del extraditado”. Terminadas las etapas judiciales, la reformada Ley de Extradición prevé una última instancia de “consulta entre gobiernos”, es decir que la resolución definitiva la tienen la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par, Fernando Lugo, más allá de que el Ministerio del Interior ya les rechazó el asilo político.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) dijo que son “víctimas de una campaña de los grupos de poder que sostuvieron las dictaduras y han impedido hasta ahora la plena vigencia del estado de derecho en el país hermano”.