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El jefe de la mafia con el arma en la mano y el asesinado en el piso es una prueba contundente de culpabilidad. El traficante de drogas capturado con su cargamento en la mochila es un indicio bastante fuerte de una violación a la ley. La venta acelerada de títulos y acciones que derrumbaron sus cotizaciones es la demostración más transparente de la existencia de una asociación de financistas & afines para lucrar con el dinero previsional de los trabajadores. Si se trata de un delito, la utilización de esos fondos que no les pertenecen para expresar el rechazo al proyecto del Gobierno será tarea de la Justicia. Pero han dejado con total impunidad, que es la forma en que se mueve el poder financiero, las huellas bien visibles para avanzar en esa investigación.

El argumento más común y superficial de banqueros, economistas de la city y el coro afinado de voceros interesados es que las críticas a las AFJP son por “ideología”. Se trata de un debate absurdo, porque toda opinión a favor o en contra de un modelo económico, de una orientación que defina la autoridad monetaria con el tipo de cambio o de una organización del sistema previsional está basada en una determinada cosmovisión del mundo. O sea, de una ideología, palabra que en general es utilizada por el pensamiento conservador para descalificar convicciones que se enfrentan al discurso dominante. Resulta esclarecedora la discusión ideológica que permite conocer si es más importante el haber jubilatorio o las cuentas de banqueros y gerentes privilegiados abultadas con el dinero de los trabajadores. Las AFJP han demostrado en la práctica que han sido una enorme estafa previsional. Con datos “objetivos”, como gustan hablar los abanderados de la restauración conservadora. Casi ninguna de las promesas vendidas con excelentes campañas de marketing fue realidad para los trabajadores jubilados o próximos a jubilarse. Ni lo serían nunca en el futuro, como lo demuestra la experiencia de casi 30 años del sistema chileno, que ya alcanzó su etapa de maduración y permite observar en forma rotunda su fracaso. Además de no brindar una prestación digna a los jubilados y de jugar con el aporte previsional de los trabajadores, el régimen privado desfinanció al Estado hasta arrinconarlo en una posición que lo obligó, entre otros factores, a declarar el default en 2001. Este tuvo como uno de sus impulsores la propia estructura del sistema previsional privado, que poseía el germen del default. Es una situación similar a la quiebra del Lehman Brothers: su debacle y la de los otros bancos de inversión no fue sólo por la codicia de los financistas, sino que el sistema de autorregulación del fundamentalismo de mercado es el que permitió el crecimiento de esas entidades y de ese tipo de banqueros. Resulta difícil encontrar hoy en Estados Unidos analistas que defiendan a Lehman Brothers. En cambio, no debería extrañar que los haya aquí para las AFJP.

No será una tarea sencilla desmontar el engendro del régimen de capitalización privada. Requerirá de habilidad y capacidad técnica para empezar a ordenar un sistema que fue desquiciado por los banqueros. Junto a la reestructuración de la deuda en default, la eliminación de las AFJP constituye una de las principales medidas de la administración kirchnerista que afecta al poder financiero. Se entiende así la reacción furiosa de banqueros, asesores, economistas, corredores bursátiles, gerentes financieros & otros aliados que integran una asociación dedicada a lucrar con el dinero de los trabajadores. Pocas labores han sido más perversas y miserables que enriquecerse con esos fondos.

La cuestión no es que el Estado se queda con los fondos para pagar deudas, sino que ese dinero vuelve al lugar original de un Sistema de Seguridad Social. El stock de capital acumulado durante catorce años en esas cuentas, deducido el obsceno monto de 9000 millones de dólares en comisiones, regresa al canal legítimo de un régimen previsional. Lo otro era un negocio financiero para un sistema de imprevisión social. Para adelante, será tarea de definir el mecanismo transparente de administración y control de esos recursos, que requerirá de destreza para desarmar con paciencia la temeraria estrategia de invertir fondos previsionales en acciones, fideicomisos financieros o bonos de deuda privada.

La reforma de 1994 impulsada por la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo, con el aval y financiamiento del FMI y Banco Mundial, desfinanció al Estado al desviar los aportes jubilatorios de los trabajadores hacia las AFJP. Se diseñó así una calesita financiera abusiva:

- El Estado contabilizaba un bache en la cuenta de Seguridad Social del Tesoro Nacional por el dinero girado a las AFJP.

- Para cubrirlo emitía títulos públicos.

- Esos papeles los compraban las AFJP.

- Los adquirían con el dinero que recibían de los trabajadores.

- Esos aportes antes iban al Tesoro Nacional.

El Estado quedaba en una posición financiera exigente por una deuda creciente precisamente por ese desfinanciamiento de la Seguridad Social. Las dificultades para cerrar ese déficit se agudizaban debido a que siguió pagando los haberes. Ese desequilibrio de las cuentas públicas provocó el incremento de la tasa de interés del endeudamiento necesario para cubrir ese bache. El costo de esa calesita fue una de las más pesadas mochilas que dejó la década del noventa. Teniendo en cuenta que la deuda del sector público nacional se incrementó en 66.500 millones de dólares entre diciembre de 1994 y de 2001, el sistema de AFJP explica por sí sólo 41.300 millones de dólares de ese aumento (el 62 por ciento). Ese monto surge de 31.800 millones de dólares de emisión de títulos públicos para compensar los fondos no ingresados, a los que se sumaron 9500 millones de dólares por el costo del endeudamiento por este concepto, con una tasa de interés promedio de 9,6 por ciento anual.

Varios son los hechos que se fueron revelando acerca de la inutilidad de la vigencia de AFJP. La más grosera es que el Estado tuvo que salir a completar el haber paupérrimo que entregan las AFJP a los ya jubilados privados. Como el dinero acumulado en los fondos privados, a lo que se le suma el aporte público que marca la ley (la prestación básica universal y la de permanencia), resulta una jubilación por debajo de la mínima, la Anses salió a completarla para alcanzar ese piso. Parece un absurdo si se tiene en cuenta que en su momento se presentó la reforma como más conveniente frente un régimen público de reparto, y ahora es el fisco el que tiene que venir a rescatar a los jubilados privados de haberes miserables. La capitalización privada no redujo –como se argumentaba– la evasión o morosidad previsional. Además hay una baja proporción de aportes efectivos. Sólo el 40 por ciento de los afiliados contribuye al sistema. Los aportes voluntarios son insignificantes en relación a la recaudación total (0,3 por ciento), siendo que uno de los eslóganes de propaganda era que los afiliados iban a optar por engrosar sus cuentas porque verían que el sistema era muy bueno. El nuevo régimen no incentivó la afiliación y la relación entre aportantes y la población ocupada se redujo del 42,3 al 38,6 por ciento. En cuanto a la supuesta competencia que se iba a producir entre las AFJP, de las 26 compañías que comenzaron a operar en 1994, hoy sólo quedan 10. Estos datos indican una tendencia a la oligopolización del mercado, que se opone a los presuntos incentivos para reducir costos y mejorar los servicios. Las AFJP se apropiaron vía comisiones, en promedio, de un tercio de los montos recaudados. Según información de la Anses, los gastos operativos del régimen público representaron entre 1999 y 2005 sólo el 1,6 por ciento de las contribuciones y los recursos tributarios percibidos con fines previsionales, lo que resulta veinte veces más barato que el costo de administración del sistema de capitalización. El sistema fue concebido para maximizar el beneficio de las AFJP. Los fondos gestionados por las AFJP se fueron incrementando gradualmente a lo largo del tiempo, pero esa creciente masa de recursos estuvo lejos de fomentar el desarrollo del mercado local de capitales. Los fondos de las AFJP no fueron canalizados hacia proyectos de inversión que apuntalaran el crecimiento económico.

La supuesta solvencia intertemporal del sistema previsional con fondos invertidos en volátiles mercados bursátiles quedó hecha añicos. Terminar con el régimen de capitalización es adelantarse y evitar que los actuales trabajadores puedan tener un panorama desolador en su etapa de retiro del mercado laboral. En países con el nivel de desarrollo de la Argentina, con su actual estructura de empleo, es imprescindible universalizar la cobertura, objetivo sobre el que se avanzó en estos años, y adoptar una visión de la jubilación basada fundamentalmente en la solidaridad intergeneracional del reparto. Poner fin, por fin, a las AFJP es en ese sentido una medida reparadora y de justicia redistributiva.

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