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El fiscal correccional Marcelo Martínez Burgos pidió la indagatoria de la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, por el presunto delito de “desobediencia”, que tiene una pena máxima de un año. Es porque mientras Mauricio Macri estaba de vacaciones en Estados Unidos, la vicejefa firmó un decreto con el que intervino el Hospital Argerich, pese a que existía una orden judicial para restituir a Donato Spaccavento, el director al que el macrismo había “renunciado”. Como informó Página/12, la intervención fue suspendida por el juez Roberto Andrés Gallardo, quien denunció penalmente a Michetti y al ex interventor Néstor Pérez Baliño por desobedecer el fallo. Ahora, el fiscal pidió que se los indague a ambos.

Al asumir, el jefe de Gobierno prometió hacer concursos para designar a los directores de hospitales que son interinos. Como paso previo a la selección, les pidió a todos su renuncia. Sin embargo, se la aceptó solamente a Spaccavento y lo hizo el 3 de octubre, luego de que el director del Argerich saliera a criticar los problemas de falta de insumos en los hospitales que ocasionó la decisión de Macri de centralizar las compras, con la que luego tuvieron que dar marcha atrás. El ex secretario de Salud de Aníbal Ibarra recurrió a la Justicia y Gallardo le dio la razón y lo repuso en el cargo.

Sin embargo, la gestión PRO optó por no cumplir la sentencia. Pasó un mes en el que le impidieron reasumir a Spaccavento, hasta que el juez Gallardo se presentó en el hospital con un despliegue policial. Lo restituyó en el cargo y le dejó una custodia. Pero la polémica no terminó allí: el gobierno porteño nuevamente decidió eludir la sentencia con la intervención del hospital por 180 días. Para eso, Michetti firmó un decreto en lugar de Macri –que estaba de viaje por Estados Unidos e Italia– en el que designó a Pérez Baliño como interventor. Entre las idas y venidas, se suspendieron cirugías, se retrasaron turnos y hubo faltantes de medicamentos en el hospital por el conflicto administrativo.

El decreto de Michetti tuvo una vigencia de cuatro horas, hasta que Gallardo firmó un nuevo fallo en el que lo suspendió, ordenó desalojar por la fuerza pública a Pérez Baliño del Argerich y denunció por desobediencia a la vicejefa de Gobierno y al interventor. La causa recayó en el juzgado correccional de Raúl García, quien delegó la investigación en el fiscal Martínez Burgos.

El fiscal ordenó algunas medidas de prueba y finalmente ayer decidió pedir la indagatoria de Michetti y Pérez Baliño. En el pedido, señaló que el decreto deja en claro que el gobierno porteño conocía la sentencia judicial, pero decidió desobedecerla abiertamente. También planteó que las resoluciones de los magistrados sólo pueden ser revocadas por una instancia superior en la Justicia y no por un decreto del Ejecutivo. El juez García resolverá si ordena la indagatoria entre esta semana y la próxima. “El pedido no implica evaluar el fallo de Gallardo. Pero, como funcionaria pública, Michetti tiene que explicar por qué no cumplió un fallo judicial”, razonó una fuente con acceso a la causa. En el entorno de la vicejefa la defendieron: “Ella no firma decretos porque quiere”.