Floreal “Negrito” Avellaneda tenía 15 cuando fue asesinado, y su cuerpo mutilado y sin vida apareció en la costa uruguaya en 1976. Luego de 33 años su caso llega a juicio oral y público. “Esperamos que los milicos paguen lo que hicieron, que los metan en cana con perpetua, no sólo por el Negrito sino por los 30 mil desaparecidos”, dice a Página/12 su madre, Iris Pereyra. A partir del 21 de marzo, cinco represores van al banquillo de los acusados, entre ellos el general Santiago Omar Riveros, defendido por el ex camarista de Casación y actual abogado de represores, Alfredo Bisordi.

“Trato de estar lo mejor posible, que esto llegue a su fin porque la lucha es dura y la Justicia deja bastante que desear, por ejemplo, aún no sabemos el lugar del juicio”, agregó Iris, de casi 70 años y sobreviviente de la noche en que la secuestraron junto a su hijo, cuando en realidad buscaban a su marido.

El Negrito, como le decían, nació en un hogar de trabajadores con compromiso social. Su abuela fue una de las primeras en organizar la solidaridad con los presos políticos de la Década Infame en los ’30, mientras que sus padres, Iris y Floreal, fueron y son militantes comunistas. Al tiempo del golpe de Estado de 1976 Floreal padre trabajaba en Tensa, una fábrica metalúrgica del norte bonaerense, y había sido elegido delegado junto a otros compañeros de izquierda y de la Juventud Peronista. Todos fueron reprimidos y algunos permanecen desaparecidos. En la madrugada del 15 de abril una banda del Ejército asaltó el hogar de los Avellaneda en busca del dirigente, que alcanzó a escapar por los techos y casi logra llevarse al Negrito. Los uniformados se llevaron a su mujer, Iris Pereyra, y a su hijo Floreal a la comisaría de Villa Martelli, donde fueron sometidos a brutales torturas. Fue la última vez que Iris vio a su hijo. Los documentos que pudieron ser rescatados son el acta de allanamiento de la vivienda y el certificado de defunción de Floreal realizado en Montevideo. Los médicos forenses encontraron señas de que el joven había sido empalado, tal como lo denunció el escritor y periodista Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: “... incluyendo el chico de 15 años Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles”.

Los familiares y compañeros de militancia de los Avellaneda no se quedaron quietos. Recorrieron comisarías, jefaturas militares y despachos judiciales. El abogado Julio Viaggio, dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, logró que se ordenara la identificación del cadáver de Floreal, en mayo de 1976. Iris Pereyra sobrevivió y dio su conmovedor testimonio en el Juicio a las Juntas Militares.

La causa que llega a juicio oral, la primera del megaproceso sobre los crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo, tiene 33 años de existencia. Dormida durante la dictadura, en 1984 fue impulsada con la detención de algunos represores. El ex presidente Raúl Alfonsín los liberó y su sucesor, Carlos Menem, indultó a sus jefes. A seis años de la anulación de las leyes de impunidad y tras lograr el reconocimiento de la inconstitucionalidad del indulto a Riveros, este general, que fue uno de los jefes máximos de la dictadura e integró la Junta Interamericana de Defensa, comenzará a ser juzgado a partir del 21 de marzo, junto a los oficiales Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni, al director de la Escuela de Infantería Osvaldo Jorge García, y a Alberto Angel Aneto, que revistaba en la comisaría de Villa Martelli.

A Riveros lo defenderá quien hasta el año pasado integraba la Cámara Nacional de Casación Penal, Alfredo Bisordi. El ex camarista logró jubilarse en junio mientras se realizaba su juicio político, acusado de demorar las causas sobre violaciones a los derechos humanos. En agosto obtuvo su matrícula como abogado, con las felicitaciones de las huestes de la activista castrense Cecilia Pando, para seguir beneficiando a los represores. Con los dos demonios como marco teórico, ya intentó abrir una causa sobre el copamiento del regimiento de Formosa realizado por Montoneros, donde murieron militantes y soldados, y se hizo cargo de la defensa del ex agente de inteligencia del Batallón 601 Julio Cirino, detenido en noviembre.

La querella de la familia estará representada por el abogado Jorge Brioso, la de la agrupación Justicia Ya! por Liliana Mazea, y Guadalupe Godoy y Carlos Zamorano representarán al Partido Comunista, al que pertenecían las víctimas, en la primera vez que un partido político actúa como querellante en un juicio de estas características. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Justicia Ya! iniciaron una campaña previa al juicio con la consigna “A la calle que ya es hora de justicia”.