Salta es la provincia con más pueblos indígenas (nueve etnias). Uno de ellos son los wichí, asentados en su mayoría sobre la ruta nacional 86, ciudad de Tartagal, departamento de San Martín. A lo largo de 170 kilómetros de tierra viven ancestralmente quince comunidades, unas 2500 personas que habitan y obtienen sus alimentos de las 150 mil hectáreas linderas. Es el epicentro de las revueltas, represiones y lugar codiciados por empresarios madereros y productores de soja. También es uno de los departamentos (junto con Orán, Rivadavia y Santa Victoria) donde la Corte Suprema de Justicia ordenó, en diciembre último, el cese de los desmontes. Convocada por la Corte, el próximo miércoles se realizará una audiencia donde el Estado provincial y el gobierno nacional deberán explicar su responsabilidad, por acción u omisión, en la deforestación salteña.

Antonio Cabana, referente de las luchas en la región, admite la importancia de frenar las topadoras, pero fija su posición: “Queda bien decir que cuidan un arbolito. Queda mal decir que hay que luchar por la tierra. Queda mal cortar ruta para que no nos roben lo nuestro”, sostiene. “Vivimos siempre en este lugar, pero la tierra se la dan a otros, con dinero. Los políticos y jueces hablan lindo, pero los maneja el billete.”

No tiene dinero para concurrir a la audiencia, y tampoco fue invitado, a pesar de ser uno de los referentes en la lucha por la tierra. Pesan sobre él setenta causas judiciales, por poner el cuerpo en piquetes, cortar alambres de productores sojeros y echar topadoras de tierras indígenas. “Será importante que la Justicia frene para siempre a los empresarios, pero más importante es que nos deje hablar por nosotros mismos. Sólo queremos tierra donde poner nuestros pies y vivir tranquilos.”